Quien agrede a una mujer en un ataque machista quizá jamás lo haría contra una persona con discapacidad, y viceversa. Quien es racista y capaz de atentar contra una persona por su origen racial o étnico es posible que jamás agreda a su pareja con el hecho de ser mujer. Quien golpea a una persona sin techo, tal vez nunca se le pase por la cabeza maltratar a sus hijos e hijas.
Por todo ello, es absurda, por evidente, la afirmación de que la violencia es violencia, y sí muy necesaria la adopción de leyes y políticas públicas específicas para combatirla. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género es un buen ejemplo de lo que hay que seguir haciendo sin fisuras cuando se trata de violencia machista o lo que puede llegar a ser el anteproyecto de ley orgánica de violencia contra la infancia, cuando de lo que se trata sea violencia contra las y los niños.
Lo que está ocurriendo en el ámbito político en nuestro país en la actualidad es muy preocupante, porque supone un retroceso sin precedentes en las políticas de igualdad. Para la Fundación CERMI Mujeres el descrédito en el que algunas personas quieren que caigamos las mujeres y las afirmaciones que se vierten en relación a la veracidad de nuestras denuncias por ser víctimas de violencia machista nos impactan tanto como si de repente un partido político abanderase un discurso contrario a las personas con discapacidad, las tildase de aprovechadas y negase la discriminación estructural que este sector de la población sufre.
Es absurda, por evidente, la afirmación de que la violencia es violencia, y sí muy necesaria la adopción de leyes y políticas públicas específicas para combatirla. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género es un buen ejemplo de lo que hay que seguir haciendo sin fisuras. Lo que está ocurriendo en el ámbito político en nuestro país en la actualidad es muy preocupante, porque supone un retroceso sin precedentes en las políticas de igualdad.
Durante todo el año 2017 trabajamos intensamente en la elaboración de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género cuyo documento final incluía medidas concretas que afectan a las mujeres con discapacidad. Salimos a la calle para demandar un presupuesto realista para llevar estas medidas a la práctica. Y en eso es en lo que es necesario seguir trabajando, sin concesiones, sin que sea posible dar un paso atrás en todo lo conseguido hasta la fecha.
En estas semanas se ha conseguido dar un paso importante y hacer realidad una de las demandas históricas del movimiento de mujeres con discapacidad en nuestro país: contar con estadísticas que ofrezcan información fidedigna acerca del fenómeno de la violencia de género hacia las mujeres con discapacidad, como elemento clave para diseñar políticas públicas adecuadas.
Hay que recodar, que esta cuestión constituía una recomendación expresada por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en el año 2011 y cuyo cumplimiento el estado español tenía aún pendiente.
Hasta la fecha se contaba con el dato oficial de mujeres con discapacidad asesinadas cada año a manos de sus parejas o exparejas. Esto ha permitido poner en evidencia que sistemáticamente un diez por ciento de ese fatídico total está conformado por mujeres con algún tipo de discapacidad.
Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, el movimiento feminista de la discapacidad ha reivindicado arduamente la necesidad de que las políticas de prevención y abordaje de la violencia de género tomaran en consideración la diversidad de las mujeres. Un punto fundamental en la agenda era, precisamente, dotar al sistema estadístico oficial de indicadores que permitieran explotar la información registrada atendiendo a esa diversidad. La discapacidad seguía siendo una variable inexistente y, por ende, la invisibilidad de la violencia de género hacia las mujeres con discapacidad, un punto del orden del día nunca abordado convenientemente.
En el año 2004 y gracias a la presión y aportaciones realizadas por el movimiento social de la discapacidad, la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integra contra la Violencia de Género incluyó previsiones normativas que tenían en cuenta la específica situación de las mujeres de este sector de la población, aunque su aplicación, tal y como ha ocurrido con otras prescripciones también contenidas en esta ley, ha sufrido avances y retrocesos. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pergeñado en el año 2017, constituyó – y debe seguir siendo así- una oportunidad muy necesaria para reactivar medidas que garanticen un abordaje adecuado de la violencia contra las mujeres en nuestro país.
Como ha sido señalado, el Pacto contiene un rubro específico con medidas concretas contra la violencia de género sobre mujeres con discapacidad. Entre estas hay que destacar, entre otras, precisamente la de incorporar las variables “discapacidad” y “tramo de edad” en todos los informes y estadísticas sobre violencia de género y, en particular, en los datos sobre víctimas tener en cuenta aquellas que como resultado de la violencia de género sufren algún tipo de discapacidad.
Otras cuestiones importantes hacen referencia a la realización de campañas publicitarias contra la violencia de género y en la elaboración de los materiales, los distintos tipos de discapacidad y la especial incidencia de la violencia de género sobre dicha condición. Estas campañas de sensibilización e información sobre la violencia machista deberán estar orientadas, específicamente, a las mujeres con discapacidad y garantizando su plena accesibilidad. Asimismo, es preciso facilitar el acceso de mujeres y niñas con discapacidad a lecturas informativas adaptadas (braille, comunicación aumentativa, etc.) sobre prevención de la violencia de género, acoso, agresiones sexuales, etc.
Unido a esto hace falta generar materiales de difusión y sensibilización adaptados a las mujeres con discapacidad, con información de los recursos existentes para las víctimas: mapas de recursos, guías útiles, en versión adaptada a lectura fácil, con información sobre la violencia de género, tipos de maltrato, así como sobre detección e indicadores de riesgo, pautas de actuación, cómo denunciar, recursos y servicios de apoyo disponibles.
Otra cuestión demandada por las mujeres con discapacidad organizadas se centra en la necesidad de diseñar protocolos específicos o incorporar medidas especializadas en los que ya existen, para la atención de mujeres de colectivos en situación de mayor vulnerabilidad como, por ejemplo, las mujeres mayores, mujeres con discapacidad o mujeres migrantes en situación irregular.
En relación a los protocolos de violencia machista en aquellos casos en los que se ejerza violencia sobre mujeres con discapacidad, es necesario proceder a su activación inmediata, ya que se trata de violencia machista, y no de otro tipo de violencia, del mismo modo que se activan para el resto de mujeres. En la misma línea hay que retrabajar los protocolos de las casas de acogida y demás servicios similares para hacerlos accesibles a las mujeres y menores con discapacidad.
Quizá una de las medidas más innovadoras contenidas en el Pacto de Estado con la relacionada con la implementación de la Asistencia Personal suficiente y necesaria, en colaboración y con respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas, para que las mujeres con discapacidad puedan tomar el control de sus propias vidas, para evitar la violencia familiar o de género y la institucionalización.
Algo que se espera se alcance en no demasiado tiempo gracias a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial es garantizar a la víctima dependencias adecuadas de seguridad y privacidad que eviten el contacto o confrontación con el agresor, asegurando la traducción para víctimas extranjeras y para víctimas con discapacidad sensorial que requieran intérpretes de lenguaje de signos e impulsando el conocimiento y en su caso, el acompañamiento de asociaciones especializadas en discapacidad, en mujeres migradas, en víctimas de trata o en mujeres gitanas, o aquellas que sean necesarias para facilitar el procedimiento a la víctima por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad.
Todas estas medidas, y muchas otras contenidas en el Pacto de Estado, que aseguran un trato adecuado a las víctimas de la violencia machista en nuestro país y que, además, coadyuvan a prevenir esta forma de terrorismo contra las mujeres deben seguir en la agenda políticas y las organizaciones feministas- y toda la sociedad en general- deben permanecer vigilantes para su cumplimiento efectivo.
Esta debe seguir la hoja de ruta y no desviarnos de esta vía.
