Carmen Delia, presidenta de la Comisión de Familias del CERMI, considera que una ley de familias debe tener en cuenta la discapacidad y ofrecer una atención específica a sus necesidades. Asegura que esta comisión del CERMI ha hecho propuestas a la norma, ya que las familias que cuentan entre sus miembros con personas con discapacidad soportan un alto coste emocional y un evidente sobrecoste económico, de ahí que “una ley de familias debe recoger todos los modelos familiares y las prestaciones y servicios necesarias”.
Las propuestas del CERMI apuntan la necesidad de que se reconozcan las aportaciones de las familias; que se trate el tema de las cuidadoras, que son generalmente miembros de la propia unidad familiar y no está reconocido su valor; la ley debe ofrecer servicios especializados de apoyo a las familias; fomentar el asociacionismo y también la imagen positiva de la discapacidad.
Los modelos de familia son una referencia constante en el trabajo de Ascensión Iglesias, presidenta de la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) que lleva ya, afirma, 30 años hablando de la diversidad familiar. Es más, “uno de los retos en UNAF es trabajar con las familias con miembros con alguna discapacidad”, apunta. Tanto las familias con hijas o hijos con discapacidad como aquellas cuyas mujeres tienen discapacidad, en cuyo caso, además debe atenderse especialmente a las mujeres víctimas de violencia.
Plantea, a continuación, una petición especial: “Algo extremadamente importante que el Estado puede hacer por estas familias es un cambio de mentalidad en las leyes”, partiendo de una actitud menos sobreprotectora y contribuyendo a capacitar a las familias y brindarlas un apoyo especial a familias con niñas o niños con discapacidad. Asegura Iglesias que “el apoyo psicosocial a estas familias es fundamental”.
Por su parte, Carmen Flores, de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS), expresa su satisfacción al reconocer que “por primera vez desde el Gobierno se está intentando ampliar el concepto de familia y asumir que existe una realidad amplia y diversa de lo que son los modelos familiares, así como la necesidad de legislar y proteger a todas las familias, independientemente de su composición”.
Las familias monomarentales y monoparentales representan un 10,2% respecto al resto de familias con menores a su cargo y el 47% de ellas está en riesgo de pobreza, según Carmen Flores, que entiende que esta última cifra tiene su origen en las políticas específicas en las que no se contempla esta realidad. “Actualmente la desprotección es infinita”, asegura, tanto en el ámbito fiscal, como de cuidados, corresponsabilidad, vivienda, educación…
PRESUPUESTO, RURALIDAD Y VIOLENCIA
La nueva ley es una oportunidad, a juicio de la representante de FAMS, pero advierte de que “si no hay acompañamiento presupuestario, las declaraciones de buenas intenciones no van a surtir efecto”. Una idea compartida por el resto de mujeres que participan en este conversatorio, organizado por la Fundación CERMI Mujeres en colaboración con Servimedia, que modera José Manuel González Huesa, director de la agencia de noticias Servimedia y del cermi.es Semanal. Según Carmen Delia, además de un presupuesto suficiente, es necesaria una gestión más fácil, pues la burocracia es tediosa y pueden pasar meses y años hasta que se resuelve”.
En palabras de Ascensión Iglesias, “es una responsabilidad de los poderes públicos asegurar la protección social, económica y jurídica de las familias”, con especial hincapié en la protección de las hijas e hijos, por eso, reivindica “un presupuesto económico que haga que todo esto se convierta en una realidad”. Reclama también más facilidad en los trámites: “Que no naya que hacer un máster para solicitar las ayudas”.
Los datos son objetivos, de ahí su importancia y el uso que de ellos puede hacerse. Así, Carmen Flores insiste en compartirlos y explica que “España gasta el 1,3% del PIB en inversión social, frente al 4,5%, incluso el 5%, de países como los nórdicos”. Es por eso que, “si no se aumenta el gasto social no vamos a ningún sitio porque con el mismo presupuesto al final intentamos llegar a más gente”, sentencia.
“Esta ley es muy ambiciosa y quiere proporcionar un marco de protección amplio, pero pediría al Gobierno que sea acompañada de un presupuesto serio y viable y que no pierda la perspectiva de la infancia y la perspectiva de género”, insiste la representante de FAMS, que advierte a su vez que, con cada anuncio del Gobierno, como ocurrió con el IMV u otras normas o nuevas leyes, se generan expectativas en las personas y en las familias que pueden crear situaciones de ansiedad en la población cuando luego no resultan viables.
La presidenta de la Comisión de Familias del CERMI comparte estas reclamaciones insistiendo en la importancia de que la ley sea “aplicable” y recoja instrumentos de control y evaluación periódicos sobre su desarrollo y aplicación.
Finalmente, todas ellas demandan especial atención para las familias del mundo rural y los problemas que generan también las nuevas tecnologías en este ámbito, como en otros, ampliando a menudo la brecha digital en población especialmente vulnerable. Además, piden que la ley de familias esté vinculada a la igualdad, pero especialmente a la de violencia, como explica Ascensión Iglesias: “Una de nuestras propuestas es incluir a las mujeres víctimas de violencia como parte de la definición de familias monoparentales”, pues a su juicio, “las consecuencias de esa violencia dejan a las mujeres en un nuevo modelo de familia con dificultades añadidas”.
En una única intervención, Carles López Picó, presidente de la Plataforma de Infancia de España, aporta tres cuestiones centrales al debate sobre la ley de familias: “Las relativas a la conciliación, las relativas a la prestación por la crianza y las relativas al reconocimiento de derechos a los nuevos tipos de familia”. Asegura que “durante la pandemia se han visto los graves déficits de nuestro país en conciliación, pero también en la necesidad de considerar a las niñas y niños como sujetos de derechos también en materia de conciliación”.
En cuanto a normativa, afirma, “la necesaria transposición de las directivas europeas en esta materia que tendrá que hacer nuestro país, y esta ley de familias, confluyen en poder situar a nuestro país en un escenario privilegiado en materia de conciliación”. Explica, además, que el libro blanco de la OCDE que presentó el ministerio de derechos sociales, junto con la propia OCDE hace unas semanas, demuestra la necesidad de reconocer derechos a nuevos tipos de familia, no solo las monoparentales, que suelen ser las más perjudicadas y donde las tasas de pobreza son mucho más altas, también familias numerosas y las que tienen niñas y niños a cargo. El mismo libro blanco demuestra, según expone López Picó, el enorme déficit de nuestro país en políticas de crianza y lo necesarias que son para eliminar tasas de pobreza y evitar que la crianza sea un lastre.
