Esta ha sido una de las principales conclusiones a las que se ha llegado durante el Conversatorio celebrado en la tarde del lunes, 26 de septiembre, XIX edición de la serie que en esta ocasión se ha desarrollado bajo el título Propuestas de mejora del sistema de promoción de la autonomía y atención a situaciones de dependencia con enfoque de género y que ha organizado la FCM en colaboración con la agencia de noticias Servimedia y con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Realizado de forma virtual y accesible, durante una hora se ha analizado, desde una perspectiva interseccional de género y discapacidad, la reforma de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Dicho Conversatorio ha servido para evidenciar cómo el sistema que rige la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia actual necesita de una reforma urgente y actualización que contemple precisamente la promoción de la autonomía de las personas y sus necesidades, poniéndolas en el centro conforme a los compromisos adquiridos por España al rectificar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006.
Moderado y dinamizado por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, el coloquio ha contado con la participación de la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Fuensanta Lima Cid; el representante del Foro de Vida Independiente, Javier Arroyo; y la representante de la Comisión de Trabajo de Autonomía Personal de CERMI, Elena Antelo.
Primera en tomar la palabra, Fuensanta Lima Cid ha aludido al informe de evaluación sobre mejoras de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, acordado en Consejo Territorial. En este sentido, Lima Cid ha lamentado no poder encontrar dimensionada la perspectiva de género a lo largo del texto. Se muestra de acuerdo en que se ha dado un paso muy importante, “pero queda mucho por hacer para ponerse en la piel de las personas con discapacidad que acceden a un servicio de atención a la dependencia”, afirma.
En palabras de Lima Cid, el objetivo es “poner a la persona en el centro, y que se garantice como derecho el desarrollar una vida independiente”. Una meta que, a su juicio, necesita de una coordinación entre los servicios de la dependencia, los servicios sociales y la red sanitaria.
Asimismo, Javier Arroyo ha recalcado que lo que se demanda es una ley que certifique prestaciones orientadas a garantizar la autonomía de las personas con discapacidad: “Todas las leyes deben acoplarse a lo que la Convención mandata”, recuerda.
Arroyo aboga por una reforma más profunda, de mayor calado. En su opinión, “el modelo desde el que se están focalizando los cuidados es cuestionable, porque se centra únicamente en la asistencia". Así lo explica: “Para acceder a las prestaciones lo que se suele hacer es que se envía un técnico a casa de la persona, y esta le pregunta por lo que puede hacer. En función de ello se clasifica a la persona en una de tres categorías, y de esta forma se decide qué recursos puede obtener; sin tener en ningún momento en cuenta su estilo de vida”, concluye.
En la misma línea apunta Elena Antelo, quien ha remarcado que desde la Comisión de Trabajo de Autonomía Personal del CERMI se especifica que debe hacerse una profunda renovación de la norma que regule la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia, eliminando el enfoque asistencialista. Para ello ha señalado tres puntos a los que habría que prestar atención: mantener la asistencia personal como una prestación, “no como servicio”; eliminar las incompatibilidades en la reforma, de recursos y prestaciones, atendiendo siempre a lo que necesita la persona y teniendo en cuenta su estilo de vida; y, por último, suprimir los copagos.
Con respecto al sistema de valoraciones, Antelo considera que es deficitario: “Este sistema tiene que ser modificado, tener en cuenta las preferencias de la persona y considerar la situación particular de las mujeres”, asegura. Del mismo modo, critica que este método se base exclusivamente en las cuestiones que la persona puede o no puede hacer, sin atender a otras dimensiones, como la salud mental.
Finalmente, los ponentes han debatido sobre la situación en la que se encuentran las profesionales que trabajan en los cuidados. La diputada Lima Cid ha asegurado que “el sistema de cuidados tiene que pasar de ser un espacio privado a ser gestionado o pautado a nivel público”. Por su parte, Arroyo ha subrayado la precarización del sector, una cuestión que “debe mejorar de inmediato, con el reconocimiento de la profesión, condiciones laborales dignas, salario digno y jornada laboral digna”. De igual manera lo destaca Antelo, exigiendo para ello que se regule la contratación de personas cuidadoras.
