Esta ha sido una de las principales conclusiones a las que se ha referido la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres y experta en derechos humanos de mujeres y niñas con discapacidad, Isabel Caballero, durante la celebración de la séptima sesión del Aula de Derechos Humanos celebrada este miércoles.
La ponencia, que ha centrado la temática a través de una conferencia marco dedicada a la igualdad y no discriminación, ha estado basada en las Observaciones Generales nº 3 sobre Mujeres y Niñas con Discapacidad y nº 6 sobre Igualdad y No Discriminación de la CRPD cuyo objetivo es orientar sobre el conocimiento de cómo se tienen que implementar cuestiones o artículos específicos de la misma.
De esta manera, ha recalcado Caballero, la convención, y concretamente la Observación nº6 introduce este “nuevo modelo más amplio de igualdad”, que lleva intrínseco otras dimensiones como la redistribución justa para afrontar las desventajas socioeconómicas; el reconocimiento para combatir el estigma, los estereotipos, los prejuicios, la violencia, y para reconocer la dignidad de los seres humanos y su interseccionalidad; la participación para reafirmar el carácter social de las personas como miembros de grupos sociales; el reconocimiento pleno de la humanidad mediante la inclusión en la sociedad; así como una dimensión de ajustes para dar cabida a la diferencia como aspecto de la dignidad humana.
Así, según se recoge en la convención, se deben adoptar medidas concretas para lograr esta igualdad inclusiva, en particular para las personas con discapacidad que son objeto de discriminación interseccional, como las mujeres, las niñas, los niños, las personas de edad y las personas indígenas con discapacidad.
También, durante su ponencia ha hecho alusión a las diferentes formas de discriminación como la directa, cuando se produce contra personas con discapacidad que reciben un trato menos favorable; la indirecta, cuando distintos criterios pueden ocasionar una desventaja; la discriminación por asociación, cuando una persona está en contacto con alguna persona con discapacidad y se producen situaciones desfavorables hacia ellas; o la discriminación interseccional, que se ocasiona cuando distintos ejes se producen sobre un mismo sujeto, generando situaciones de exclusión.
PANEL DE PERSONAS EXPERTAS
Durante el aula también ha participado la investigadora sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la organización internacional de defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch, Kriti Sharma. Así, durante su intervención ha recalcado la necesidad de “identificar los abusos de derechos humanos con la recopilación de pruebas” y el “deber se publicar información sobre los mismos para sensibilizar a la sociedad”. Además, ha abogado por cambiar la legislación discriminatoria eliminando antiguas leyes y formar a los responsables políticos para el cambio sea real.
La jornada también ha contado con la abogada colombiana, activista legal, miembro de la Coalición por la Implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Colombia, Andrea Parra, quien, de una manera práctica, ha abordado el enfoque de la interseccionalidad. De esta manera, ha manifestado que “la identidad de cada persona supone una intersección de categorías y que todas ellas son realidades de cómo vivimos las personas”. “Las luchas de los diferentes movimientos sociales son las que han logrado desequilibrar estas estructuras y jerarquías”, ha concluido Parra.
Por último, el profesor de sociología de la Universidad de Salamanca, Agustín Huete, ha manifestado la necesidad de incorporar las cuestiones de género en los estudios sociales de la discapacidad para conocer así la situación de desigualdad que experimentan muchas de ellas. Para ello, ha finalizado, “hay que trabajar en dos campos clave para contemplar aspectos clave como son el movimiento asociativo de la discapacidad y el movimiento feminista”.
El Aula de Derechos Humanos de la Fundación CERMI está financiada por la asignación del 0,7% del Impuesto de Sociedades en apoyo al Tercer Sector de Acción Social del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
