Así lo ha hecho durante la celebración el 14 de abril de la décima sesión del Aula de Derechos Humanos, que ha tenido como objetivo acercar esta Convención a las mujeres con discapacidad y a mujeres cuidadoras de familiares con discapacidad de base de la comunidad iberoamericana desde una perspectiva interseccional de género y derechos humanos de las mujeres.
De esta manera, se ha contado con la intervención magistral de la vicepresidenta del Subcomité de Prevención de la Tortura (SPT) de Naciones Unidas, Carmen Comas-Mata, quien ha subrayado que la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes están prohibidos, no solo por el Derecho Nacional, sino por el Derecho Internacional a la luz de esta Convención de 1984.
Asimismo, ha manifestado que “la tortura siempre implica violencia física o psíquica” y ha asegurado que el Parlamento Europeo afirma que el 80% de las mujeres con discapacidad son víctimas de violencia y que tienen un riesgo hasta cuatro veces mayor que las demás mujeres de sufrir violencia sexual.
También ha explicado que para considerar que un acto constituye tortura es necesario considerar cuatro elementos: que suponga el grave sufrimiento, físico o psíquico causado intencionadamente; la intencionalidad; la conducta, que tiene que tener una finalidad concreta que no sea exclusivamente privada; y que el causante del sufrimiento sea un agente público.
Además, ha puesto sobre la mesa la importancia del Subcomité de Prevención de la Tortura, vinculado al Protocolo Opcional de esta Convención, que tiene por mandato realizar visitas a lugares de privación de libertad de los Estados partes que hayan ratificado este segundo instrumento y llevar a cabo investigaciones específicas.
También ha puesto de manifiesto cómo afecta esta Convención a los derechos de las mujeres y ha asegurado que el “Comité ha avanzado para tener una perspectiva de género” porque “cada vez aborda más la tortura y los malos tratos a las mujeres en las observaciones finales que aprueba”.
Además, ha declarado que existen diferentes tipos de violencia que pueden equivaler a tortura, trato inhumano o degradante, como las agresiones sexuales, las prácticas nocivas, la violencia basada en el honor, mutilación genital femenina, esterilizaciones forzosas, trata de mujeres y niñas y violencia intrafamiliar o doméstica.
Por último, ha concluido explicando que la lucha para poner fin a la violencia y discriminación contra las mujeres y las personas con discapacidad puede fortalecerse y dotarse de un ámbito más amplio de prevención, protección, justicia y reparación si se ve a través del prisma del marco de la Convención contra la tortura.
PANEL DE PERSONAS EXPERTAS
Durante el aula se ha celebrado un panel de personas, entre las que se ha debatido, entre otros asuntos, los mecanismos que deben existir para evitar estas situaciones degradantes y las realidades a las que se enfrentan las personas privadas de libertad.
En este sentido, el vocal del Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Jesús López Medel, ha explicado que, “este mecanismo tiene como objeto conocer la realidad en el ámbito de las personas que se encuentran en sectores especialmente vulnerables o excluidos y realizar informes e invertir las situaciones que “son mejorables”.
En relación a esto, el portavoz del área de Política Interior de Amnistía Internacional, Daniel Canales, ha hecho alusión a la investigación que publicaron a finales de 2020 desde la entidad sobre las situaciones vividas durante la primera ola de la pandemia en las residencias de la Comunidad de Madrid y Cataluña. En ella, se examinó la denegación a la atención hospitalaria de personas mayores, muchas de ellas, mujeres con discapacidad. De esta forma, ha puesto de manifiesto que una situación como la que estamos viviendo “no debe ser excusa para no garantizar la atención y protección que tienen reconocidas en los principales instrumentos de derechos humanos ratificados por España”.
Asimismo, ha asegurado que esta situación supuso la violación de diferentes derechos humanos (la salud, a la vida, a la no discriminación, a la vida privada y familiar y a una muerte digna).
Por último, ha participado el delegado de Derechos Humanos y para la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad de CERMI Estatal, Jesús Martín, quien ha afirmado que “los derechos humanos son los que tienen que enunciar qué desigualdades lesionan la dignidad y deshumanizan”. “España es un país que abandera los derechos humanos, pero existen conjeturas capacitistas que siguen dando lugar a prácticas contrarias al discurso de estos derechos como la segregación, la institucionalización de personas con discapacidad, la cultura de la denigración y burla de ciertas discapacidades y la denegación de la capacidad jurídica.
