Independientemente del grado de desarrollo del país en cuestión o del estándar de cumplimiento de derechos humanos, las mujeres y niñas con discapacidad no aparecen en las políticas públicas de los Estados. Y si lo hacen, es de soslayo, siempre gracias a la presión ejercida por la sociedad civil organizada. Esto significa que los poderes públicos difícilmente van a legislar o a elaborar políticas motu proprio dirigidas a un sector de la población si ese sector en concreto no hace valer sus reivindicaciones previamente y con insistencia.
Además, la experiencia muestra que a nivel internacional aún son muy escasas las iniciativas encaminadas a articular las demandas de las mujeres y niñas con discapacidad a través de las estructuras sociales existentes -ya sean de la discapacidad o a través de organizaciones feministas-. Si hablamos de entidades específicas de mujeres con discapacidad, vemos que su presencia en foros importantes como, por ejemplo, las reuniones del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es insignificante.
Esta falta de presencia, sin embargo, no debe confundirnos. El hecho de que no estén allí no significa que no existan. Un análisis más profundo de la situación muestra que son numerosas las organizaciones de mujeres con discapacidad que en los últimos años han proliferado en todo el mundo. Organizaciones creadas ad hoc para abordar la situación de discriminación múltiple e interseccional que deben enfrentar, y que no siempre encuentran un hueco en las agendas de las organizaciones no gubernamentales, que luchan por los derechos humanos de las personas con discapacidad y los derechos de las mujeres en general. El por qué no aparecen por ningún lado merece un análisis profundo.
Son muchas las organizaciones de mujeres con discapacidad en los cinco continentes que están realizando una importantísima labor de reivindicación, denuncia y propuestas en relación a cuestiones tan fundamentales como la autonomía y la autodeterminación del propio cuerpo, el derecho a vivir una vida libre de violencias de cualquier tipo, el derecho a recibir educación y a un trabajo digno, etc.
Sin embargo esas voces no aparecen en espacios de decisión clave. Esto hace que el relato acerca de la exclusión que sufren aún muchas personas con discapacidad en el mundo esté incompleto porque faltan las aportaciones de las mujeres.
Se hace así necesario realizar un esfuerzo que permita tejer redes que pongan en contacto todas estas iniciativas concretas para alcanzar presencia y poder allí donde se toman las decisiones. Que se opte por trabajar desde la base no debe ser incompatible con convertirse en protagonistas de espacios donde se hagan valer las reivindicaciones y puntos de vista de las mujeres con discapacidad.
Esa fuerza social es la que debe dar carta de naturaleza a ese otro poder derivado, que es el del estado, y que en una sociedad democrática y respetuosa con los derechos humanos, nunca ha de funcionar de espaldas a la ciudadanía.
