En este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, desde la Fundación CERMI Mujeres reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de un mundo donde las mujeres y niñas con discapacidad seamos reconocidas como lideresas y agentes de cambio, libres de discriminación, violencia y exclusión. A pesar de los avances significativos en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres y en favor de las personas con discapacidad, aún enfrentamos desafíos críticos que requieren de una atención urgente y de acciones decididas.
Somos más de dos millones y medio de mujeres con discapacidad comprometidas a construir el futuro que queremos y estamos convencidas de que la tarea de diseñar la hoja de ruta que debemos seguir arranca aquí y ahora, con el conocimiento y las experiencias acumuladas desde que comenzamos a organizarnos allá por la década de los noventa.
La situación de exclusión social y discriminación que enfrentamos las mujeres con discapacidad en España, al igual que en muchas otras partes del mundo, es compleja y multifacética, ya que se encuentran en la intersección de varias formas de opresión. Esta discriminación múltiple e interseccional afecta de manera significativa nuestra calidad de vida y dificulta nuestra participación plena en la sociedad.
Las mujeres con discapacidad nos enfrentamos a obstáculos significativos en el mercado laboral, no sólo por prejuicios sobre nuestras capacidades, sino también por la interacción entre estas percepciones y estereotipos de género. Esto se traduce en tasas de empleo más bajas, condiciones laborales precarias y segregación ocupacional.
Las mujeres con discapacidad nos enfrentamos a obstáculos significativos en el mercado laboral, no sólo por prejuicios sobre nuestras capacidades, sino también por la interacción entre estas percepciones y estereotipos de género, así como por la falta de adaptaciones y apoyos necesarios. Esto se traduce en tasas de empleo más bajas, condiciones laborales precarias y segregación ocupacional.
Además, debido a que el imaginario social no nos considera mujeres y, por ende, potenciales víctimas de violencias machistas, nos encontramos con dificultades añadidas a la hora de acceder a servicios de apoyo y protección, por la inexistencia de recursos accesibles y apropiados para nuestras necesidades específicas.
La discriminación interseccional complica también nuestro acceso a servicios de salud adecuados, incluida la información y atención relacionados con la salud sexual y reproductiva. Las barreras incluyen no sólo la accesibilidad física, cognitiva y a la comunicación, sino también prejuicios y falta de preparación del personal de salud para atender de manera inclusiva y respetuosa.
Por su parte, hay que tener presente que nuestra representación y participación en espacios políticos y sociales es muy limitada, por ello es fundamental promover nuestra inclusión activa para asegurar que nuestras perspectivas y necesidades sean consideradas en la toma de decisiones.
Las barreras en la educación para niñas y mujeres con discapacidad son, asimismo, un claro ejemplo de discriminación. Estas barreras limitan nuestro acceso a oportunidades educativas inclusivas y de calidad, restringiendo así nuestro potencial de desarrollo personal y profesional.
Para abordar estos desafíos, es crucial una estrategia integral que incluya políticas públicas dirigidas a eliminar todo tipo de barreras; promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres con discapacidad; garantizar nuestro acceso real y efectivo a la justicia; mejorar la inclusión en el mercado laboral y asegurar nuestra participación en todos los aspectos de la vida social, económica, y política. La colaboración entre el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, y las propias mujeres con discapacidad organizadas es fundamental para avanzar hacia una sociedad más inclusiva y equitativa.
Por todo ello, este 8 de marzo las mujeres con discapacidad organizadas de nuestro país elevamos nuestra denuncia para EXIGIR:
- La total erradicación de la violencia contra las mujeres con discapacidad, a través de medidas efectivas para prevenir y responder a todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, asegurando nuestro a servicios de apoyo adecuados. La violencia no sólo es un atentado contra nuestra integridad física y psicológica, sino también un obstáculo grave para nuestra participación plena en la sociedad.
- Sistemas de justicia accesibles y sensibles a las necesidades de las mujeres y niñas con discapacidad, que superen las inercias capacitistas y patriarcales que aún impregnan su quehacer y que garanticen nuestro derecho a una protección efectiva frente a la violencia y abusos, evitando la revictimización y promoviendo nuestra participación real en procesos judiciales.
- Un empoderamiento económico a través de la implementación de políticas que promuevan la igualdad de oportunidades en el empleo y la educación para podamos desarrollarnos profesionalmente
- El derecho de las mujeres y niñas con discapacidad a acceder a servicios de salud integral, incluyendo la salud sexual y reproductiva, sin discriminación ni coacción.
- La garantía de que exista una representación equitativa de las mujeres y niñas con discapacidad en todos los espacios de toma de decisiones, desde el ámbito local hasta el internacional, asegurando nuestra voz y liderazgo en la construcción de sociedades más inclusivas e igualitarias.
- Una educación accesible e inclusiva que reconozca e incorpore las demandas s específicas de las niñas con discapacidad, como piedra angular para el empoderamiento y autonomía desde edades tempranas.
- La remoción de todas las barreras físicas, comunicativas y actitudinales que impiden a las mujeres y niñas con discapacidad vivir de manera independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida comunitaria.
Las mujeres con discapacidad enfrentamos desafíos únicos que requieren una respuesta política coordinada, inclusiva y efectiva. Por ello, resulta clave la rendición de cuentas por parte del gobierno respecto a las políticas que benefician a las mujeres con discapacidad. Se trata de un imperativo ético y legal que subraya el compromiso con la justicia social, la equidad y el respeto a los derechos humanos. La rendición de cuentas en este contexto no sólo implica la creación y aplicación de políticas específicas, sino también un monitoreo continuo y una evaluación transparente de su impacto y eficacia. Esta rendición de cuentas incluye necesariamente el cumplimiento de obligaciones internacionales contraídas por España.
Desde aquí hacemos un llamado a la reivindicación, a la solidaridad, a la empatía y al compromiso activo de toda la sociedad española con el fin último de construir un mundo más inclusivo, justo y equitativo. Porque la lucha por la igualdad y la inclusión de las mujeres con discapacidad es una lucha que nos concierne a toda la ciudadanía.
No descansaremos hasta que todas las mujeres, con o sin discapacidad, tengamos la oportunidad de vivir vidas libres de discriminación y violencia.
Porque el futuro que queremos ya ha comenzado.
FCM
8 de marzo de 2024
