Con el fin de "reafirmar el marco referencial e insoslayable de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", el Cermi quiso actualizar los asuntos en los que desplegar con más intensidad su incidencia política y social en términos de derechos humanos y personas con discapacidad.
Tras conseguir "logros sustanciales" como el derecho de voto sin exclusiones, la derogación de la esterilización forzosa o la regulación de la igual capacidad jurídica, "era necesario reconfigurar las grandes demandas del movimiento de la discapacidad para los próximos años en la esfera de los derechos humanos", apunta el Cermi.
Entre las cuestiones más insistentemente señaladas como prioritarias, dentro del proceso participativo que se llevó a cabo, figura la creación de condiciones para disfrutar de una vida verdaderamente independiente, acometiendo la desinstitucionalización y generalizado la asistencia personal.
También se ha coincidido en la importancia de prohibir los internamientos forzosos por cualquier causa asociada a discapacidad y verificar la educación inclusiva. Igualmente, se trabajará por desterrar las violencias contra las mujeres y alcanzar garantías para un nivel de vida adecuado, todo ello asegurando la accesibilidad universal.
