La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha solicitado que las políticas públicas contra la trata y la explotación de seres humanos, incluyan un indicativo de la discapacidad.
Así lo han hecho durante la celebración de un Conversatorio que tenido lugar el lunes, 8 de abril, y ha sido organizado por FCM y la agencia de noticias Servimedia. En el encuentro, celebrado de manera presencial en el estudio de televisión de Servimedia y retransmitido en directo a través de su canal de YouTube, se han analizado las políticas públicas contra la trata y la explotación de seres humanos.
El acto, moderado por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, ha contado con un panel de expertas formado por la directora de asistencia integral de las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual (Apramp), Rocío Mora; la senadora del Grupo Parlamentario Socialista, Araceli Martínez; la asesora del Ministerio de Igualdad, Belén Gallo, y la consultora externa de FCM, Beatriz Sagrado quien ha celebrado todos los avances legislativos que vayan en la línea de un modelo abolicionista, pero indicando que “tiene que haber unos cambios sustanciales en muchos de los apartados del proyecto de ley”. Sagrado ha recordado que “la discapacidad sea intelectual o física es un reclamo para los puteros que utilizan justamente la discapacidad con un vector que lleva a la explotación”.
En concreto, la petición de incluir la discapacidad es una de las propuestas basadas justamente en la investigación diagnóstica, en la que se recalca que el tema de las mujeres y las niñas con discapacidad explotadas sexualmente está silenciado.
Por ello, en este conversatorio han pedido que el enfoque de la discapacidad se incluya de forma práctica en todos los procedimientos y protocolos de detección, identificación, protección y atención que integran la discapacidad de una forma muy específica.
La senadora del Grupo Parlamentario Socialista, Araceli Martínez ha hecho un repaso de la situación en la que nos encontramos en este momento y ha puesto de relieve que, además de leyes, se necesita apostar de una manera drástica por “la reducción de la demanda”.
Por su parte, la asesora del Ministerio de Igualdad, Belén Gallo ha recordado que ahora están con el anteproyecto de Ley orgánica contra la trata que incluye todas las formas de trata. En cuanto a las previsiones para su puesta en marcha, Gallo ha declarado que ahora mismo no manejan una calendarización oficial.
En el debate, la directora de asistencia integral de las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual (Apramp), Rocío Mora ha explicado cómo afecta esta explotación a las niñas y mujeres con discapacidad y, durante su intervención ha introducido el concepto de “crimen organizado y de mafias” refiriéndose a quienes se dedican a captar mujeres y ha coincidido con sus compañeras en que la discapacidad en este punto se ha convertido en una “demanda terrorífica”.
Por otro lado, Rocío ha puesto de relieve la necesidad de llevar a cabo un trabajo activo desde las entidades para que la mayoría de estas mujeres dejen de estar invisibilizadas y la importancia de abordarlo a través de una intervención integral y especializada.
En cuanto al enfoque de la Ley, Mora y el resto de ponentes han pedido que la Ley incluya, además de la discapacidad, una perspectiva de infancia, y de género, entre otros factores que, a juicio de las ponentes, si no están incluidas en esa Ley “no va a haber acceso a derechos por parte de las personas que tienen discapacidad”. “Si no somos capaces de que crear un camino que sea seguro en el que estas mujeres puedan acceder a derechos, van a estar en manos del crimen organizado”.
Entre los factores de vulnerabilidad expuestos, la senadora del Grupo Parlamentario Socialista, Araceli Martínez ha añadido la ruralidad. “El primer paso para afrontar esta situación es crear una alianza entre las instituciones, el poder ejecutivo legislativo y las organizaciones del tercer sector sin las cuales no podemos avanzar y la investigación para saber exactamente a qué nos estamos enfrentando y tener datos cuantitativos y cualitativos para afinar más las leyes, y, también, como elemento de prevención de sensibilización social para exponer cuál es la cruda realidad de las mujeres en contextos de prostitución y de trata” ha declarado Martínez.
Todas las intervinientes han pedido que este asunto no solo se quede en manos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino también en las manos de las organizaciones especializadas, porque son realmente las que tienen formación.
Al respecto, la asesora del Ministerio de Igualdad, Belén Gallo ha señalado que, de forma paralela, también desde el Ministerio de Igualdad están pidiendo informes a entidades especializada, para hacerlas partícipes y colaborar para un intercambio de buenas prácticas, así como para generar sinergias. “Es primordial contar con la participación de las entidades civiles en cuanto a la mejora de este texto”
