CERMI Mujeres aprovechó este día para celebrar la conquista histórica que ha supuesto la erradicación de la esterilización forzada de nuestro ordenamiento jurídico, recordando la necesidad de poner en marcha políticas de reparación integral dirigidas a las víctimas.
Antes de la reforma de la ley, la esterilización forzosa era una práctica que afectaba sobre todo a mujeres y niñas con discapacidad y que se llevaba a cabo sin contar con su consentimiento o sin que éstas llegaran a comprender el propósito de la intervención quirúrgica, y bajo el pretexto de su bienestar.
Esta práctica constituía una clara contravención a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en vigor en nuestro país desde 2008 y desoía las observaciones del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en las revisiones de 2011 y 2019.
POLÍTICAS DE REPARACIÓN INTEGRALES
Según datos del Consejo del Poder Judicial en la última década se han llegado a esterilizar a más de 1.000 personas previamente incapacitadas legalmente en España sin contar con su consentimiento. Esto significa que se ha venido vulnerando la integridad de la persona con discapacidad como consecuencia de perpetrar contra ella una esterilización no voluntaria y, además, se la ha incapacitado legalmente, desproveyéndola de cualquier capacidad de acción ante otros.
En materia de reparación existen importantes antecedentes y desde CERMI Mujeres plantea actuar con urgencia siguiendo el ejemplo de otros países. En el caso del gobierno sueco, se ha aprobado una ley de reparación económica a personas sometidas a esterilizaciones forzosas entre 1972 y 2013 que, según un informe del gobierno de este país fechado en el año 2000, alcanzaba la cifra de 21.000 personas. Posteriormente, y con la aprobación de una ley de reparación económica, el estado sueco indemnizó a muchas de las víctimas de estas prácticas de esterilización forzosa.
Por ese motivo, CERMI Mujeres ha exigido ir más allá de la mera petición de perdón simbólica y ha demandado una reparación no solo económica, sino integral a las víctimas de esterilizaciones ante tan flagrante violación de derechos humanos.
