Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las reivindicaciones de las mujeres con discapacidad siguen siendo urgentes. Invisibilizadas con frecuencia en el movimiento feminista, con una presencia casi nula en los espacios de poder y con dificultades de acceso a la justicia, el empleo y la maternidad, su lucha es doble: por sus derechos como mujeres y por su plena inclusión en la sociedad.
Concha Díaz Robledo, presidenta de la Fundación CERMI Mujeres, lidera esta batalla desde el activismo y la incidencia política. En esta entrevista, habla de los retos pendientes, como la aprobación de una ley de reparación para las víctimas de esterilización forzosa, la necesidad de una macroencuesta sobre violencia de género en mujeres con discapacidad y la urgencia de garantizar la accesibilidad de los servicios de atención a la violencia de género. “Seguimos sin estar en los espacios de toma de decisiones. Es hora de cambiarlo”, sentencia.
¿Cuáles son las principales metas de la Fundación CERMI Mujeres para 2025?
Nuestro trabajo se divide en dos grandes ámbitos: reformas legislativas y políticas públicas. En materia legislativa, nuestra prioridad es sacar adelante una ley estatal de reparación para las víctimas de esterilización forzosa por razón de discapacidad o incapacitación judicial. Desde 2008 hasta su prohibición en 2020, los jueces españoles autorizaron 1.144 esterilizaciones forzadas. Queremos una reparación real para estas víctimas, similar a la que ya se ha implementado en Suecia, con indemnizaciones económicas y un reconocimiento del daño causado.
Otro objetivo clave es asegurar que en la revisión de la Ley de Dependencia y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, se incluya explícitamente a las mujeres y niñas con discapacidad, tal y como ahora lo recoge el artículo 49 de la Constitución.
En cuanto a políticas públicas, nos centramos en un nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con financiación suficiente y medidas específicas para que las víctimas con discapacidad tengan acceso real a los servicios de atención. Queremos que estos sean plenamente accesibles, incluyendo las casas de acogida, y que los profesionales que las atienden reciban formación adecuada.
También estamos impulsando el Plan de Acción para Mujeres y Niñas con Discapacidad promovido por el Ministerio de Derechos Sociales. Quiero añadir que para que este plan sea una realidad, es fundamental dotarlo de presupuesto y para ello es necesario un compromiso firme tanto del gobierno español como de las comunidades autónomas.
¿Cómo ha evolucionado la lucha por los derechos de las mujeres con discapacidad en estos años?
En 2024 celebramos el décimo aniversario de la Fundación Cermi Mujeres, aunque el trabajo a favor de los derechos de las mujeres con discapacidad comenzó mucho antes dentro del Cermi Estatal, a través de la Comisión de la Mujer. En estos años, hemos conseguido consolidar la igualdad de género dentro del movimiento de la discapacidad. Hemos pasado de la invisibilidad a tener voz en los espacios de decisión.
Uno de nuestros mayores logros ha sido la creación de comisiones de la mujer en 12 Cermis autonómicos, lo que nos permite abordar políticas en clave territorial. Sin embargo, aún nos queda trabajo: no hay una estructura autonómica homogénea y queremos fortalecer este activismo a nivel regional.
Además, hemos avanzado en el reconocimiento de las mujeres con discapacidad dentro del movimiento feminista. Un hito importante ha sido nuestra presencia en el Observatorio Estatal contra la Violencia de Género, así como la elección de Ana Peláez como presidenta del Comité de Naciones Unidas sobre Discriminación contra la Mujer, lo que ha situado a España como referente internacional.
A pesar de estos avances, seguimos enfrentando el problema de la escasa presencia de mujeres con discapacidad en posiciones de liderazgo. No estamos en los gobiernos, en las Cortes Generales, en los partidos políticos, ni en los consejos de administración de empresas. Incluso dentro del tercer sector, es raro ver a mujeres con discapacidad en cargos de dirección. Este es uno de los retos que más nos preocupa y en el que seguimos trabajando.
Uno de los grandes tabúes sigue siendo la maternidad. ¿Por qué las mujeres con discapacidad aún enfrentan tantas barreras?
La maternidad sigue rodeada de prejuicios y estereotipos dañinos. A las mujeres con discapacidad se nos cuestiona constantemente nuestra capacidad para ser madres. En el ámbito sanitario, encontramos barreras en ginecología, obstetricia y salud sexual. Y en el acceso a la justicia, muchas mujeres con discapacidad ven restringida o directamente perdida la custodia de sus hijos en procesos de divorcio, simplemente por tener una discapacidad.
Además, no podemos olvidar que hay muchas madres de hijos e hijas con discapacidad, que en la mayoría de los casos asumen solas toda la carga familiar y muchas de ellas son también víctimas de violencia de género. Este año, la Conferencia Sectorial de Fundación CERMI Mujeres, que se celebrará el 30 de mayo, se centrará en la maternidad desde esta doble perspectiva.
¿Cómo trabaja la Fundación CERMI Mujeres para generar conciencia en las nuevas generaciones?
Tenemos varias iniciativas dirigidas a niñas, adolescentes y mujeres adultas con discapacidad. Este año vamos a lanzar la Escuela de Niñas y Adolescentes con Discapacidad, un espacio de formación y empoderamiento. También organizamos cada año el Foro Social de Mujeres y Niñas con Discapacidad, coincidiendo con el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género.
En el ámbito de la educación, promovemos el Aula de Derechos Humanos, con sesiones formativas online. Pero lo más importante es que no solo ofrecemos formación, sino que creamos espacios de encuentro. Es fundamental que las mujeres con discapacidad se vean reflejadas en referentes, que puedan compartir experiencias y aprender unas de otras. No solo se trata de conocer sus derechos, sino de sentirse con la fuerza y la red de apoyo para exigirlos.
A nivel europeo, ¿Qué demandas estáis trasladando al Parlamento Europeo?
Queremos que la prohibición de la esterilización forzosa se aplique de forma homogénea en toda la Unión Europea, en línea con el Convenio de Estambul. Actualmente, hay países donde esta práctica sigue siendo legal, y queremos que Europa dé un paso firme para erradicar esta vulneración de derechos humanos.
En términos generales, España se ha convertido en un referente en políticas de igualdad de género y discapacidad. Muchos países europeos están tomando nuestras iniciativas como modelo para desarrollar sus propias políticas.
¿Cómo valora la representación de las mujeres con discapacidad en los medios de comunicación y la cultura?
Ha habido avances, pero todavía es insuficiente. En los últimos años, vemos más presencia de mujeres con discapacidad en los medios, pero sigue siendo anecdótica. Apenas hay periodistas, presentadoras o directoras con discapacidad en televisión o prensa. Un ejemplo es Paloma Soroa, de RTVE, que presenta el informativo en lengua de signos, pero pocos más.
En cuanto a la cultura, el problema es que cuando aparecemos, a menudo es desde una mirada paternalista o como historias de superación. Necesitamos más representación en condiciones de normalidad y sin estereotipos.
¿Qué mensaje lanza CERMI Mujeres de cara al 8 de marzo?
Estaremos en las manifestaciones del 8M, como cada año, con nuestra pancarta. En España hay más de 2,5 millones de mujeres y niñas con discapacidad y todavía enfrentamos retos urgentes. Necesitamos una estrategia integral para eliminar barreras, garantizar la igualdad de oportunidades y asegurar la inclusión en el mercado laboral y la vida política.
Nuestro compromiso es claro: queremos que las mujeres y niñas con discapacidad sean reconocidas y sean líderes de su propio cambio. Sin discriminaciones, sin violencia y sin exclusión.
Si tuviera que exigir un compromiso urgente a los gobiernos, ¿Cuál sería?
Te daría dos. El primero, que este año se apruebe la ley de reparación para las víctimas de esterilización forzada. No basta con haber prohibido esta práctica y haber pedido perdón, es necesaria que haya una reparación del daño causado.
El segundo, que se lleve a cabo una macroencuesta sobre la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, con datos segregados. Hay violencias que siguen invisibilizadas, como la violencia institucional en centros residenciales, por ejemplo. Si no tenemos datos claros, no podremos diseñar políticas eficaces.
Estos son los compromisos que exigimos. Y no vamos a parar hasta conseguirlos.
