Muchas víctimas de violencia de género presentan discapacidad sobrevenida a causa precisamente de las distintas formas de malos tratos sufridas a lo largo de su vida, según denunciaron Mayte Gallego, presidenta de Federación Nacional Aspaym (Asociaciones de Personas con Lesión Medular), y Gloria Álvarez, doctora en Derecho y especialista en derecho de la discapacidad.
Las dos participaron en la presentación del Libro Blanco sobre las Personas con Discapacidad Sobrevenida en España 2025 del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que tuvo lugar en la agencia de noticias Servimedia.
Este texto pretende ofrecer “una foto fija” de la situación actual de la discapacidad sobrevenida, “una realidad emergente “dentro del mundo de la discapacidad.
Según explica el propio director general de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco, “el rostro de la discapacidad está cambiando”, pues “las de tipo originario (asociadas al nacimiento) son cada vez menos frecuentes”.
A cambio, aumentan las personas a las que la discapacidad les “sobreviene de repente y de improvisto” a lo largo de su vida, por circunstancias tan distintas como el envejecimiento, una enfermedad, un accidente, un trastorno de salud mental o la propia violencia de género.
Como colaboradora en la redacción del Libro Blanco, Álvarez subrayó que en el mundo, millones de mujeres adquieren discapacidad por “embarazos mal llevados, abortos mal practicados, mutilaciones genitales y otras formas de violencia”.
“Nos puede parecer que esto queda muy lejos de España”, reflexionó, pero lo cierto es que “en nuestro país hay mujeres a las que se les ha practicado mutilación genital” y que pueden encontrarse en esta situación.
Por su parte, Gallego destacó que son muchas las mujeres con “sordera, lesiones medulares, daño cerebral e incluso ceguera” debido a la violencia que sus parejas o exparejas ejercieron sobre ellas.
Por no hablar de “los problemas de salud mental asociados a la violencia de género, física y psicológica", recalcó.
Por ello, exigió que los programas y recursos destinados a la atención de víctimas de violencia de género tengan en cuenta la dimensión de la discapacidad, y en concreto de la discapacidad sobrevenida.
“Si a una mujer no se le permite acceder a un recurso con su asistente personal” o si la casa de acogida no es accesible, “difícilmente le vamos a convencer para que abandone su entorno y deje a su maltratador”, advirtió Gallego.
Criticó también las dificultades y los retrasos a la hora de obtener el certificado del grado de discapacidad, que es la llave de acceso a derechos, ayudas e información.
“Nos encontramos con víctimas que tardan años en conseguir este reconocimiento”, denunció, y a las que les falta todo tipo de información, añadió.
Todas las estadísticas subrayan que las mujeres con discapacidad tienen muchas más posibilidades de sufrir todo tipo de maltrato por parte tanto de sus parejas, como de sus familiares, entorno y cuidadores.
Además presentan peores indicadores en cuanto a brecha salarial y tasa de ocupación que sus compañeros varones con discapacidad (también si se comparan con las mujeres sin esta condición), agregó Álvarez.
De ahí la necesidad de que todas las administraciones públicas tengan en cuenta su realidad a la hora de diseñar políticas públicas y programas de atención para víctimas de violencia de género.
