El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer adoptó, en un Pleno Extraordinario celebrado el pasado 23 de septiembre de 2024, un conjunto de propuestas para la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Estas propuestas han sido registradas en el Congreso de los Diputados el 25 de septiembre de 2024.
El documento recoge las aportaciones formuladas por los siete grupos de trabajo que conforman el Observatorio. La Fundación CERMI Mujeres participa activamente en dos de estos grupos: el Grupo de Trabajo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y de la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas, y el Grupo de Trabajo de Justicia Feminista. La contribución de la Fundación CERMI Mujeres ha sido especialmente significativa en relación con la violencia sufrida por mujeres y niñas con discapacidad en España.
Entre las propuestas más destacadas, se subraya la necesidad de incluir referencias específicas a los grupos de mujeres en situación de especial vulnerabilidad, como las mujeres con discapacidad, aquellas que viven en el mundo rural o las mujeres migrantes. En este sentido, el documento sugiere la inclusión de medidas específicas para proteger a las mujeres y niñas con discapacidad en el marco del Pacto de Estado.
Otra de las propuestas clave es la implementación de recursos especializados para mujeres en situaciones de vulnerabilidad, con mención explícita a las mujeres con discapacidad, dentro de las acciones de sensibilización y prevención de la violencia de género. Además, se aboga por mejorar la respuesta institucional mediante la coordinación y el trabajo en red entre las autoridades y organismos responsables, destacando la creación de oficinas de denuncias y asistencia a las víctimas de violencia de género. Estas oficinas deberían contar con personal cualificado, incluyendo mediadores interculturales y facilitadores para garantizar la tutela judicial efectiva de personas con discapacidad intelectual, como establece el artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Asimismo, se propone mejorar la asistencia, protección y ayuda a las víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, con la creación de equipos interdisciplinares que incluyan facilitadores, mediadores interculturales e intérpretes, para garantizar que las mujeres con barreras idiomáticas, culturales o de discapacidad reciban la atención adecuada. También se hace hincapié en la necesidad de adaptar los recursos públicos para asegurar una atención igualitaria a todas las víctimas, en particular a las que presentan algún tipo de discapacidad.
En el ámbito de la justicia, el documento enfatiza la necesidad de garantizar la asistencia de un facilitador para todas las mujeres víctimas con discapacidad, conforme al artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Además, se pone de relieve cómo las barreras de género se agravan cuando se añaden obstáculos lingüísticos, culturales, socioeconómicos, geográficos o por razones de vulnerabilidad, edad o discapacidad, lo que obliga a aplicar un enfoque interseccional en la lucha contra la violencia de género.
Por último, se aborda la necesidad de mejorar la recolección de datos, sugiriendo la inclusión de estadísticas judiciales sobre la violencia ejercida contra mujeres con discapacidad, incluida la violencia sexual, en cumplimiento del Eje 6 del Pacto de Estado.
Este conjunto de propuestas refleja el compromiso del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y de la Fundación CERMI Mujeres para asegurar que todas las mujeres, independientemente de sus circunstancias, tengan acceso a una protección efectiva y una justicia adaptada a sus necesidades.
