La presidenta de la subcomisión, Beatriz Carrillo, dio paso a Caballero quien ha declarado que “una operación estadística de esta naturaleza permitirá la puesta en marcha de una política pública adecuada que sitúe en el centro a todas las mujeres sin excepción y que en nuestro sector tome en consideración los riesgos concretos y los factores de vulnerabilidad, como la incapacitación legal, la institucionalización, el incesto, la pobreza, la ruralidad, la edad y el tipo de discapacidad”.
Tras introducir unos datos globales y el estado de la cuestión, ha profundizado en la situación de la violencia contra las mujeres con discapacidad. “En cifras, se trata de aproximadamente unos 2 millones en España y 600 millones de mujeres y niña con discapacidad en todo el mundo de las que un alto porcentaje ha sufrido o sufre algún tipo de violencia” ha declarado Caballero.
Al respecto, ha mencionado algunos informes que ofrecen datos del tema como, por ejemplo, el informe sobre violencia de género hacia las mujeres con discapacidad a partir de la Macroencuesta 2019.
Durante la presentación, se ha recalcado algunas medidas específicas. Facilitar el acceso de mujeres y niñas con discapacidad a lecturas informativas adaptadas sobre prevención de la violencia de género; diseñar protocolos específicos o activar los protocolos de violencia machista ante los casos de violencia ejercida sobre mujeres con diversidad funcional/discapacidad; implementar la asistencia personal suficiente y necesaria, garantizar la plena accesibilidad en lengua de signos de las personas sordas usuarias de esta lengua a todos aquellos números de teléfono públicos a disposición de la ciudadanía; son algunas de las medidas señaladas.
Durante su exposición, otra de las demandas ha puesto el foco en garantizar la accesibilidad universal de los centros y servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género.
Otra de las medidas es la aplicación de las prescripciones normativas y la implantación de los recursos de atención a las víctimas contenidas en la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual se lleven a cabo tomando en consideración una perspectiva interseccional de género y discapacidad.
Garantizar el acceso a la justicia de las mujeres y niñas con discapacidad incluyendo la ayuda legal gratuita, asegurando la plena accesibilidad de todas las garantías procesales; impulsar mecanismos de vigilancia con el fin de que las instituciones residenciales, de salud mental, centros de día, talleres ocupacionales, centros especiales de empleo y otros sean supervisados efectivamente por autoridades independientes; y trabajar en el desarrollo e implantación de la figura de la asistencia personal en el ámbito de la violencia contra las mujeres con discapacidad y se profundice en la generación de conocimiento en torno a la prevalencia de la violencia machista por razón de discapacidad; son otras de las demandas expuestas por Caballero durante su comparecencia.
