El pasado día 17 de junio se celebró una manifestación en protesta de la paralización del número de acogidas a personas refugiadas en nuestro país. Sobre esta cuestión el CERMI ha expresado su profunda preocupación por la situación que sufren miles de personas, incluyendo menores, que tienen discapacidad y que huyen de la guerra y de la persecución en sus países.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que entre 2,3 y 3,3 millones de las personas desplazadas viven con discapacidad. De esta población, al menos un tercio son niñas y niños.
Eso sí, a pesar de su número, sigue siendo una población totalmente invisible. Como explica ACNUR, existen protocolos de atención y asistencia para las personas con discapacidad que se han visto obligadas a abandonar sus países a causa de la guerra y las persecuciones, si bien en la práctica, son enormes los déficits que continúan produciéndose a la hora de aplicar dichos protocolos.
La falta de formación de las y los trabajadores humanitarios y en general de todos los agentes que operan en las zonas donde se concentran personas desplazadas exige poner en marcha iniciativas de capacitación, así como la adopción de medidas de coordinación en la atención. En ocasiones la mera valoración de una discapacidad, cuando ésta no es visible, se complica en extremo si quienes están a cargo de realizarla no son personas expertas en la materia.
El CERMI y la FCM consideran que es imprescindible que los mandatos contenidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sean incluidos en los Planes de operaciones de todas las organizaciones que intervienen en estas situaciones de desplazamientos forzados de personas.
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