La amaurosis congénita de Leber pertenece al grupo de las distrofias de la retina y provoca pérdida de visión periférica de manera progresiva hasta verse afectada la visión central. Uxía García Freire (Miño, 1996) la padece desde niña, desde que nació, y tiene reconocida una discapacidad visual del 66 %. Un condicionante que no le impidió estudiar Educación Primaria, en la Universidade da Coruña (UDC), y aprobar el pasado verano las oposiciones como maestra en Canarias. Ella se presentó en junio a las plazas reservadas a personas con una discapacidad y, a finales de agosto, le comunicaron su destino, una escuela en la localidad isleña de La Orotava, en Santa Cruz de Tenerife.
Sin embargo, lo que parecía el inicio de una vida estable como funcionaria pública, pronto se convirtió en una odisea para esta coruñesa, que vive en el archipiélago con su marido, en excedencia, y su hijo de dos años, Leo.
«Fue en diciembre del 2022 cuando se abrió el plazo para presentarse a la convocatoria. Y lo hice, siempre había ido de vacaciones a Canarias con mis padres de pequeña y me apetecía un cambio de aires. En el 2023 recibo el visto bueno de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para concurrir. Cumplía los requisitos, más de un 33 % de discapacidad reconocida y que esta fuera sensorial, física o psíquica, siempre y cuando no viniese derivada de una discapacidad intelectual», recuerda, muy cuidadosa con las fechas y los términos. Uxía responde al teléfono desde Canarias, a donde se mudó el 28 de agosto. Para recibir la luz verde, tuvo que acreditar documentos oficiales sobre su discapacidad y el grado de esta.
El examen se realizó en dos fases, en junio y julio del 2024, «en la segunda, saqué un diez, fui una de las notas más altas del tribunal», apunta esta joven de 28 años. En agosto se publicó la lista con las personas que tenían una plaza asignada y ahí estaba su nombre. Según su relato, a mediados de ese mes, la inspección médica del Gobierno de las islas se puso en contacto con ella. «Fue vía correo electrónico para que les adjuntara unos documentos. Eran el informe de capacidades funcionales favorable, emitido por la Xunta, un órgano público, y con validez estatal, y otro informe del Sergas», apostilla.
Uxía firma su contrato el 2 de septiembre. La tranquilidad dura poco. Según destaca, el 5 de septiembre la cita la inspección médica canaria. «Me hacen una entrevista en Santa Cruz y, en todo momento, me manifiestan que no tienen conocimiento de personas impartiendo docencia con una visión tan baja. Incluso me dicen que les preocupa que un niño se lance por la ventana y yo no me dé cuenta, cuando en el colegio hay barrotes en todas las ventanas», afirma todavía con indignación e impotencia esta docente de A Coruña.
Ahí comenzó su odisea. «Ante esto, me quedé en shock. Tengo un hijo de dos años, cuido de él perfectamente, soy pedagoga terapéutica y trabajo con pocos niños con necesidades educativas especiales, de entre seis y 12 años. No enseño en clases ordinarias de 20 o 30 alumnos». «A finales de septiembre -continúa su relato-, me envían un informe médico donde me dicen que no soy apta. Consideran que no cumplo con unos criterios establecidos por una guía de la Seguridad Social del 2010».
En octubre presenta alegaciones que son desestimadas en noviembre. A finales de ese mes, el día 28, le mandan la resolución de cese. «Me trasladan que no tengo autonomía suficiente y el revocación del nombramiento de funcionaria. Perdí todos los derechos que había adquirido tras aprobar la oposición», lamenta.
En ese momento fue cuando Uxía recurrió a su abogado y al asesoramiento jurídico de la ONCE, de la que es afiliada en A Coruña desde los cuatro años. «Cuando me vine, trasladé mi expediente a Canarias y son ellos los que me están ayudando, junto con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi)», apunta.
«El 12 de diciembre presenté un recurso administrativo ante la dirección general de personal del Gobierno Autonómico de Canarias. Como medida preventiva, pedía mi reincorporación provisional, dejé de dar clase a finales de noviembre, mientras la Administración tomaba una resolución. El 7 de enero me la enviaron. Desestiman esta medida provisional», afirma no sin angustia Uxía.
Cesada en noviembre
«Dejamos todo en Galicia, como nos vinimos casi en septiembre, sin posibilidad de que nuestro hijo tuviese plaza en una guardería, mi pareja se cogió una excedencia. Ahora mismo nos vemos con que no hay ningún tipo de ingreso desde diciembre», confiesa Uxía, que también envió un certificado elaborado por la UDC en las alegaciones de octubre donde avalaban su profesionalidad durante las dos prácticas curriculares que hizo durante el grado, y donde obtuvo sobresalientes.
«El 12 de enero se acabó el plazo de respuesta al recurso de reposición. Tienen un período de respuesta de un mes para que no se considere silencio administrativo. Ahora, o la Administración emite una resolución extratemporal, fuera de plazo, o, si no lo hacen así, tengo hasta el 12 marzo para presentar una demanda vía judicial contra la Administración canaria».
Este es un punto al que está intentando no llegar. Para ello, no está sola. «Uxía contactó con nosotros en septiembre, muy angustiada. A la Consejería le trasladamos todo el marco jurídico, como un decreto estatal del 2011, que obliga a la Administración, en la contratación de personas con discapacidad, a hacer ajustes razonables. Ellos se basan en una guía de recomendaciones del 2010 obsoleta. En la ONCE entendemos que estamos ante una discriminación flagrante de los derechos de Uxía y de todas las personas con discapacidad. Iniciamos un proceso de incidencia institucional con la propia Consejería de Educación. El 19 de diciembre ya hablamos con ellos y nos dijeron que lo estaban estudiando, hasta que el 7 de enero le enviaron la resolución donde la emplazan a ir por la vía contenciosa administrativa», relata Miguel Ángel Déniz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias.
El responsable autonómico del colectivo recuerda que en España hay docentes con ceguera en la enseñanza ordinaria desde 1932. Este lunes se reúne con la directora general de personal de la consejería insular. «Esperamos que esto pueda tener algún tipo de rectificación. El Cermi también nos está apoyando. Tenemos argumentos suficientes, esto no puede suceder en pleno siglo XXI. Desde el ámbito político e institucional deben pronunciarse. En toda España 142 personas dan clase, también en la propia Consejería de Educación de Canarias, donde incluso hubo en el pasado personas con ceguera total. Está sobradamente demostrado que alguien con discapacidad visual puede dar clase. Tuvimos precedentes de casos así, pero nunca habían llegado tan lejos. Me molesta porque hablamos de una persona que ha pasado por muchas dificultades para llegar hasta su meta. Uxía, por suerte, ha entendido que tiene unos derechos y va a luchar por ellos. Otros se rindieron y se presentaron a otras convocatorias», manifiesta Miguel Déniz.
«En clase iba todo bien -cuenta Uxía-. Como funcionaria en prácticas, era evaluada por una tutora y la directora del centro, que redactaron informes favorables antes de que me cesaran. Y ellas sí entraron en el aula y me vieron, no los responsables de Santa Cruz. Ahora seguimos aquí, a expensas de ver qué es lo que va a pasar. Lo que veo es que la inclusión es una palabra, no una realidad. Ofertas unas plazas para personas con una discapacidad y, cuando llega la hora de la verdad, te echan porque tienes una discapacidad. ¿Dónde está la lógica?», se pregunta.
