Según datos de este informe en Alemania uno de cada tres hombres (32%) considera justificable que un hombre maltrate a su pareja bajo ciertas circunstancias. Se trata de una creencia también compartida por las mujeres, de hecho, el 16% de las mujeres en Suiza y el 13% de las mujeres estadounidenses consideran en ciertos casos justificada la violencia de género.
Asimismo, persiste la creencia de que los hombres tienen más derecho al empleo que las mujeres. Por su parte, el trabajo en el hogar y el cuidado de la familia sigue siendo una labor claramente feminizada incluso en los países más avanzados. Así, por ejemplo en Bélgica, el 81% de las mujeres se encarga de tareas del hogar a diario, frente a un 33% de los hombres.
En nuestro país contamos con un marco normativo que ha sido pionero en materia de prevención y abordaje de violencia de género y en materia de igualdad entre mujeres y hombres (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres., a las que hay que sumar las leyes autonómicas aprobadas en las distintas comunidades). Sin embargo es más que evidente que las situaciones de desigualdad entre los géneros persisten e incluso podríamos afirmar que se ahondan en los últimos tiempos.
Así, las mujeres y las jóvenes españolas ganan de media un 23,50 % menos que los hombres y ocupan sólo un 25% de los puestos directivos, según datos del Foro Económico Mundial Las mujeres representan un 12,3 % de los miembros de los consejos de administración de las principales empresas que cotizan en la bolsa española. Esta proporción está por debajo de la media de la UE que se sitúa en el 15,8 % (se puede acceder a esta información través de este enlace.
Si éste es el panorama general para el conjunto de mujeres en nuestro país, es fácil deducir la complicada situación en la que se encuentran casi dos millones y medio de mujeres con discapacidad que no solamente se tienen que enfrentar a la discriminación y al aislamiento, sino también a la falta de políticas apropiadas que tengan en cuenta sus necesidades y demandas concretas.