Así lo ha manifestado la entidad durante la segunda jornada del ‘V Foro Social de Mujeres y Niñas con Discapacidad’ ¡No Estás Sola! evento celebrado en la ciudad de Albacete los días 24, 25 y 26 de noviembre.
El primer panel, moderado por la secretaria de la Comisión de Mujer de CERMI Castilla-La Mancha, Rosario Infante Hoyos ha estado dedicado al análisis de la problemática de la trata y la explotación sexual de las mujeres y niñas con discapacidad.
En él han participado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell Aguilar; la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero Pérez; la fiscal Adscrita a la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado, María Ángeles Sánchez López-Tapia; la directora de Proyectos de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Ana Delgado; y la coordinadora y trabajadora social de la asociación 'In Género' en Castilla-La Mancha, Belén Jiménez.
Belén Jiménez ha compartido algunos de los datos con los que cuentan en su entidad. En este sentido, en 2021 han intervenido 630 espacios en 123 municipios, en las que han atendido a 4434 personas. Jiménez ha lamentado que más del 90% sean mujeres de origen migrante y en diferentes situaciones administrativas, generalmente en situación de vulnerabilidad por sus circunstancias y con cargas familiares. Si bien no cuentan con estadísticas concretas de mujeres con discapacidad, “en sus intervenciones han observado que algunas mujeres tienen enfermedades discapacitantes que generalmente no están reconocidas”, ha declarado.
Ana Delgado ha querido recordar que “la trata es un delito a nivel internacional, y que consiste en la captación con coacción, el traslado y la explotación de personas, en su mayoría mujeres y niñas”. Por eso desde su entidad “trabajan con ellas y junto con ellas, no para ellas”, ha resaltado.
Para Delgado la trata “es la esclavitud del siglo XXI”: “Nos convierte en mercancía, en productos que se compran y se venden. Está basado en los principios del patriarcado”, ha denunciado. Delgado ha asegurado que solo se puede avanzar si aplicamos las cuatro pes: prevención, dando a conocer a los puteros y proxenetas que explotan a las mujeres; protección, garantizando recursos para mujeres víctimas de trata con discapacidad; persecución, poniendo en práctica una ley integral contra la trata, la prostitución y la explotación sexual, y partenariado, movilizando a toda la sociedad contra esta violencia que atraviesa a las mujeres y niñas de todo el mundo.
Por su parte, Caballero ha recalcado que “la violencia machista es un problema grave de salud pública”. A este respecto, ha recordado que la última macroencuesta sobre violencia machista publicada en 2019 señala que el 18% de las mujeres encuestadas afirmó que la discapacidad que tienen es consecuencia de la violencia que han sufrido. “todos los centros de atención a mujeres víctimas de violencia deben ser accesibles e inclusivos, y contar con un personal totalmente involucrado que conozca la realidad de las mujeres con discapacidad”, ha reclamado.
Asimismo, María Ángeles Sánchez ha enfatizado la gravedad que supone el no contar con datos de mujeres y niñas con discapacidad que sufren violencia machista, o que son víctimas de trata y explotación sexual: “a diciembre de 2022 de todas las diligencias de violencia y explotación solamente he identificado a una víctima con discapacidad”, ha confesado. Para Sánchez esto demuestra que “está fallando la detección de la discapacidad entre las víctimas de trata”, ha subrayado. Por ello propone establecer una presunción “uris tantum” en el caso de víctimas con discapacidades no reconocidas.
Finalmente, Victoria Rosell ha puesto el foco en la necesidad de garantizar una atención adecuada por parte de las instituciones que atienden a víctimas de violencia machista, de trata y explotación sexual, prestando atención a las circunstancias, contextos y necesidades de cada mujer: “especialmente hay que prestar atención a las situaciones de dependencia, ya que en algunos casos el abusador de una mujer o niña con discapacidad es su propio cuidador”, ha alertado.
Rosell también ha explicado cómo la ley del ‘solo sí es sí’ da cumplimiento al Pacto de Estado: ”en el artículo 1 se contemplan las necesidades de las mujeres y niñas con discapacidad, en el artículo 2 se garantiza la accesibilidad de los recursos y servicios, en el artículo 18 se alude a la responsabilidad institucional, y en otros apartados se destaca la formación del personal que atiende a mujeres víctimas de violencia, y en especial a las mujeres con discapacidad, además de que se garantiza el derecho a la asistencia personal en el artículo 36”.
Espacios de encuentros entre mujeres
En este Foro también se han desarrollado cuatro espacios de encuentros entre mujeres, dedicados a la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad, al acceso igualitario a la justicia, a la gestión de los cuidados, y al derecho a decidir. Laura Seara Sobrado, asesora legal de la Fundación CERMI Mujeres; Pilar Sepúlveda García de la Torre, vocal del Consejo General del Poder Judicial; Ángeles Blanco Díaz, responsable de derechos y asesoría jurídica de Confederación ASPACE; y Cristina Paredero Morato, Patrona de la Fundación CERMI Mujeres Han sido las facilitadoras de estos encuentros, respectivamente.
