La situación de las mujeres con discapacidad en Lituania

A finales de 2018 había en total 241.915 personas con discapacidad que recibían ayudas por discapacidad. El 48 por ciento son hombres y el 52 por ciento mujeres. Pero este número no refleja la situación de las mujeres que crían hijos e hijas con discapacidad y/o están a cargo de un familiar con discapacidad, lo cual se considera como relación con la discapacidad y/o estatus asociado a la discapacidad según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En ese caso el porcentaje de mujeres con Discapacidad podría ser mucho más alto.

Hay una falta de estudios relacionados y de estadísticas oficiales con datos desglosados sobre las mujeres con Discapacidad en todos los ámbitos de la vida. 

En Lituania, la Ley de Igualdad de Oportunidades prohíbe la discriminación basada tanto en el género como en la discapacidad, y proclama la realización de todos los derechos humanos sin discriminación basada en el género, la raza, la etnia, el idioma, el estatus social, la religión, el credo, la edad, la orientación sexual, la discapacidad, etc. Tales disposiciones sobre la no discriminación se incluyen como los principios de la Ley para la Integración Social de las Personas con Discapacidad. 

La Ley de Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres busca proteger la igualdad de derechos de hombres y mujeres y prohíbe cualquier discriminación basada en el género, especialmente en lo referente a la familia y al matrimonio. 

Pese al marco legal vigente, hay una falta de disposiciones y medidas encaminadas a prevenir la discriminación y proteger la igualdad de derechos de las mujeres con discapacidad.  

Ningún organismo internacional de derechos humanos ha recomendado al Gobierno de Lituania tomar medidas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, incluidas las mujeres.  Tanto el Comité CEDAW como el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad (Comité CRPD) habían recomendado al Gobierno de Lituania tomar medidas específicas respecto a las mujeres con discapacidad, incluidas la participación política, la participación en el mercado laboral, acciones específicas para abordar la violencia contra las mujeres con Discapacidad, etc.

El Comité de la CRPD, tras su examen de Lituania de 2016, recomendó que el Estado Parte revisara su plan de acción para que el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades de Hombres y Mujeres 2015-2021 incluyera un enfoque específico en la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres con Discapacidad, incluida la discriminación múltiple e interseccional, así como medidas para su desarrollo, avance y empoderamiento, en particular para fomentar su participación en la vida pública.

El Programa Nacional Lituano para la Igualdad de Oportunidades de Hombres y Mujeres 2015-2021 no prevé medidas dirigidas a las mujeres con discapacidad. El Plan de Acción 2018-2021 del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades de Hombres y Mujeres 2015-2021, fue aprobado por el Ministerio de Seguridad Social y Trabajo el 27 de junio de 2018 y entró en vigor el 1 de julio de 2018. Sin embargo, no responde a las recomendaciones internacionales específicas que se le dio al país. La Ley solo incluye dos medidas relativas a las mujeres con discapacidad, pero con apoyo financiero insuficiente o nulo. Todas las demás medidas están previstas para la prevención de la discriminación basada en el género, sin considerar ni tener en cuenta la discriminación múltiple y sin perspectiva de discapacidad.

En Lituania están muy arraigados todavía los estereotipos hacia las mujeres y la discriminación basada en el género. La mayoría de las mujeres con Discapacidad sufren discriminación sistemática basada en el género y la discapacidad.

El mismo sistema de asistencia a las mujeres con discapacidad se rige por estereotipos ya que las percibe como personas incapaces, pasivas y desmotivadas.  Según la Encuesta de 2018, el 52,7 % de las mujeres y el 41 % de las niñas se sentían discriminadas.  La situación peor evaluada se encontraba en los ámbitos de la violencia, el empleo y la formación de la familia. El 16 % está de acuerdo en que las mujeres con Discapacidad sufren discriminación en el ámbito de los ingresos y de la cobertura social en comparación con los hombres con discapacidad.

Las mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial residentes en instituciones padecen una mayor violación de sus derechos, incluidas las violaciones de derechos específicos de género, como los abortos forzados, la esterilización involuntaria o la retirada de la custodia del bebé nada más dar a luz. Desafortunadamente, no tienen apenas acceso a la justicia ni a mecanismos legales de presentación de quejas, ni dentro ni fuera de tales instituciones. Aunque formalmente existen procedimientos de quejas, las residentes nunca los utilizan, ya que no tienen garantizado el anonimato ni un mecanismo imparcial de examen de quejas. En el año 2018 no se recibieron quejas en la Oficina del Defensor del Pueblo para la Igualdad de Trato respecto a la discriminación contra las mujeres y niñas con discapacidad basada en el género. Pero esto no demuestra la ausencia de discriminación contra este grupo específico.

Las mujeres con discapacidad tienen un riesgo muy elevado de sufrir violencia tanto en su forma ‘tradicional’ como en formas particulares relacionadas con su discapacidad (abuso sexual por personas cuidadoras u otros residentes de las instituciones, descuido de sus necesidades médicas, psicológicas y de cuidados, abortos forzados y esterilización, confinamiento involuntario en instituciones psiquiátricas o sociales, privación de la capacidad legal, violencia doméstica). Dependiendo del nivel de su discapacidad, tienen más posibilidades de convertirse en víctimas, ya que son un blanco fácil para los abusadores, son víctimas de abuso sexual y violencia en las instituciones, así como, ocasionalmente, en el entorno familiar. 

Por ejemplo, las mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial son forzadas, en muchos casos, a tomar anticonceptivos y a someterse a abortos contra su voluntad si se dan casos de embarazos en las grandes instituciones. Su derecho a su vida sexual se ve limitado y se les prohíben las relaciones íntimas. 

No hay información disponible en las grandes instituciones sobre su derecho a no ser abusadas o a dónde acudir a pedir ayuda si se producen tales casos. También hay falta de información accesible y en lectura fácil en los medios y en otras esferas públicas. 

No hay albergues temporales para mujeres o niñas (accesibles y adecuados para las personas con discapacidad) adonde huir de sus cuidadores o familias, en donde podrían sufrir también abusos o violencia. 

Se puede apreciar la misma vulnerabilidad en mujeres con discapacidad que viven en sus entornos familiares. Estas mujeres se encuentran a menudo en una posición de dependencia.

Según la Encuesta de 2018, las encuestadas afirmaron que habían experimentado violencia psicológica (alrededor del 35 por ciento), física (alrededor del 22 por ciento) y sexual (alrededor del 6.5 por ciento).

La cuestión de la violencia es muy sensible, así que las investigaciones realizadas advirtieron que no todas las encuestadas estaban dispuestas a revelar este hecho. Casi el 18 por ciento de las mujeres no supieron o no quisieron responder a esta pregunta.

En los estudios victimológicos internacionales, los hallazgos de muchas personas expertas indican que las personas con discapacidad se consideran más expuestas a ser víctimas de delitos.

Con base en las estadísticas, las personas con discapacidad víctimas de delitos son solo el 0,19 por ciento (de 242.000 personas con discapacidda en 2017, 483 personas con discapacidad fueron víctimas de delitos) de todas las personas con discapacidad. Lo que es casi 9 veces menos que la tasa de víctimas de la población general. Con todo fundamento, se puede plantear la cuestión de la latencia extrema de la victimización de las personas con discapacidad.

En 2011 se aprobó la Ley de Protección contra la Violencia Doméstica, que protege a las mujeres con discapacidad en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad.

No es posible presentar la situación real de la victimización de las personas con discapacidad, incluidas las mujeres y niñas con discapacidad, ya que no ha habido una investigación victimológica, ni de violencia doméstica, que haya estudiado este aspecto en Lituania.

Comparando las experiencias de violencia doméstica entre los hombres y mujeres con discapacidad, las mujeres sufren una victimización tres veces más frecuente que los hombres. Comparando la experiencia de violencia entre mujeres con y sin discapacidad en 2017, en total, 272 mujeres con discapacidad fueron víctimas de delitos, siendo 164 o el 60% afectadas por la violencia doméstica. Mientras, por comparación, entre las mujeres sin discapacidad, de 21.523 mujeres víctimas de delitos 6.304 o un 29,3 % lo fueron de violencia doméstica. 

Así, comparando la victimización de las mujeres con discapacidad con la de las mujeres sin discapacidad, se ve que las mujeres con discapacidad tienen el doble de posibilidades de sufrir violencia en el hogar.

Los servicios de orden público y de apoyo carecen del conocimiento y de las medidas especiales para abordar las necesidadess de las mujeres con discapacidad. La policía y otros profesionales carecen del conocimiento de cómo comunicarse con víctimas con discapacidades particulares, mientras que las propias mujeres desconocen sus derechos y oportunidades a la hora de acceder a servicios relevantes, temen ser institucionalizadas o llevadas a la fuerza a un hospital psiquiátrico. Las medidas progresivas globales más importantes deberían adaptarse a las necesidades específicas de seguridad que experimentan las mujeres con discapacidad. Las mujeres con discapacidad deberían tener acceso al conocimiento necesario de sus derechos y deberían aplicarse medidas específicas para que tuvieran acceso a la justicia y a los servicios de apoyo a las víctimas.

No hay un número específico de personas con discapacidad, incluidas las mujeres con discapacidad, que participan en la vida política. No hay datos oficiales de mujeres con discapacidad en cargos públicos, o de su participación política. Pero hay un problema de discriminación múltiple basada en el género (participación limitada de la mujer en la adopción de políticas) y discapacidad (una participación limitada de personas con discapacidad en la política), ya que las mujeres con discapacidad se encuentran con barreras institucionales, falta de apoyo y de entendimiento de la sociedad, y se enfrentan a un trato estigmatizador. 

Es importante advertir que las mujeres con discapacidad participan principalmente en las organizaciones de la discapacidad. La participación en las actividades de las ONG es muy común entre las mujeres con discapacidad. Esto ofrece significado a su tiempo, atención y socialización. Pero no hay datos de su compromiso cívico en otras esferas de la vida pública. 

En el sistema educativo, los individuos con discapacidad encuentran muchas barreras debido a un ambiente que no está adaptado ni físicamente ni en términos de información.

Según datos del Sistema Informativo de Gestión de la Educación (EDIS), solo un 10% de los colegios son accesibles para las personas con discapacidad en silla de ruedas y solo el 0,3% (3) de las escuelas están plenamente adaptadas para las personas ciegas. Debería tenerse en cuenta que adaptar las escuelas/instalaciones educativas es esencial no solo para alumnado con discapacidad, sino también para madres, padres y personas tutoras de alumnado que pueda tener discapacidad también, incluidas las mujeres con o sin discapacidad.

La tasa de abandono escolar de las perrsonas con discapacidad está muy por encima de la media de la UE (36% frente al 24%). Lituania ha puesto en marcha el Plan de Acción para la Inclusión de los Niños en la Educación y en la Educación Multidimensional 2017-2022, que tiene por objetivo reducir el número de niñas y niños en escuelas especiales, pero es muy pronto para evaluar los progresos realizados. 

La tasa de personas con discapacidad en trabajos de baja cualificación está por debajo de la media de la UE. Según los datos proporcionados por la Agencia de Intercambio Laboral, había en total 46.798 peronas con discapacidad (de las cuales 6.779 trabajaban en empresas sociales) empleadas a fecha de 1 de julio de 2019. Esto es un 29 por ciento de las personas con Discapacidad en edad de trabajar. No hay datos desglosados de mujeres con Discapacidad en el mercado laboral.

En Lituania el sistema de empresas sociales se estableció con el propósito de ayudar a las personas con discapacidad a participar en el mercado laboral, en paralelo al apoyo al empleo regular. El gran desequilibrio de los sistemas de apoyo financiero entre las empresas sociales y las personas empleadoras del mercado abierto ha desvirtuado la plena integración de las personas con discapacidad en el mercado laboral. 

Aunque reciben la mayor parte de la asignación financiera del Estado, las empresas sociales no responden al objetivo general de apoyar a las personas con discapacidad (incluidas las que tienen más necesidades de apoyo) en los servicios de empleo. Esto reproduce el sistema de abuso y utilización de las personas con discapacidad para fines empresariales. Se anticipa que las mujeres con discapacidad constituyen la mayoría de las personas empleadas de las empresas sociales, ya que operan principalmente en el sector de la limpieza.

En Lituania no existe un sistema de cuotas para promover el empleo de las personas con discapacidad en los sectores público y privado. 

Las mujeres con discapacidad experimentan discriminación en el mercado laboral basada principalmente en su discapacidad, no en su género. Cuando desean (re)incorporarse al mercado laboral, utilizan programas dirigidos a personas con discapacidad, no medidas de empleo orientadas al género. 

Las mujeres con discapacidad tienen que sortear muchas barreras en su camino hacia el empleo. Parte de estos obstáculos están relacionados con la discapacidad, los problemas de salud o la situación personal, como la falta de experiencia o de educación, el aislamiento, unos vínculos sociales limitados o la falta de iniciativa. 

Según la Encuesta de 2018, el 17 por ciento de las mujeres con discapacidad afirmaban haber sufrido discriminación en el empleo. 

El 43 % de las mujeres con discapacidad indican que no tienen experiencia laboral. La mitad de las que tienen dicha experiencia no tienen la posibilidad de elegir libremente su trabajo.

La pobreza afecta mayoritariamente a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a los hogares monoparentales. El riesgo de pobreza de las personas con Discapacidad es también uno de los más elevados de la UE, y está aumentando. Alrededor del 44 % están en riesgo de pobreza o exclusion social frente al 30 % de la UE. 

Según datos de estadísticas oficiales de Lituania de 2018 la tasa de riesgo de pobreza de las personas con discapacidad (personas cuya actividad estaba limitada por problemas de salud) era del 35,9%, y la de personas sin discapacidad del 17,9%.

Además, las mujeres con discapacidad están mucho más expuestas a la pobreza que los hombres con discapacidad. Según datos de estadísticas oficiales de Lituania, de aquellas personas cuya actividad estaba limitada por problemas de salud, en 2017, el 39,9 % de quienes vivían bajo el umbral del riesgo de pobreza eran mujeres con discapacidad, frente al 26,9 % de hombres con discapacidad.  

Estos y otros datos sobre las mujeres con Discapacidad revelan grandes problemas de desigualdad, que deberían analizarse en mayor profundidad y abordarse con soluciones específicas y medidas orientadas. 

Las mujeres con discapacidad normalmente no tienen asegurados sus derechos reproductivos: las personas especialistas en ginecología abordan sus problemas ginecológicos de forma superficial; no poseen las herramientas necesarias (silla especial con altura regulable) para la exploración ginecológica de las mujeres con discapacidad física. Estas mujeres perciben los test ginecológicos como el servicio médico menos accesible. 

Se considera a las mujeres con Discapacidad como asexuadas y privadas de educación sexual. A menudo se les insta a interrumpir su embarazo sin una razón particular que esté relacionada con la salud. El Estudio demuestra que a menudo las mujeres con discapacidad se oponen a esto, dan a luz y sacan adelante a sus hijas e hijos. A las mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial que residen en instituciones se les impone con frecuencia la esterilización forzosa o el aborto forzado. Estas prácticas institucionales no están documentadas oficialmente; a veces las propias mujeres no están informadas de las consecuencias reales de los procedimientos a los que se someten.

Según la Encuesta de 2018, el 8,6 % de las encuestadas tenían que enfrentarse a los argumentos para disuadirles de dar a luz, a la esterilización, al consumo forzado de anticonceptivos o al aborto.

Las mujeres con discapacidad afirman que han sufrido discriminación a la hora de encontrar pareja, formar una familia y tener hijos/as.

La igualdad ante la ley es uno de los mayores cambios de paradigma y un nuevo parámetro para la plena realización de la igualdad y de todos los derechos de las personas con discapacidad. 

El 27 de marzo de 2015 se adoptó la nueva ley de reforma del Código Civil y el nuevo Código de Procedimiento Civil para que la legislación lituana cumpliera con el Art. 12 de la Convención. Sin embargo, la ley da la posibilidad de restringir o negar la capacidad legal de las personas con discapacidad psicosocial. 

Respecto a los derechos personales, la Constitución de Lituania dice que las personas declaradas incapacitadas no pueden votar ni ser elegidas parlamentarias (art. 34, 56). La ley arriba mencionada está relacionada con el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil y otras leyes, pero no está relacionada con las disposiciones constitucionales. Así, aunque se modifique el marco legislativo de la capacidad legal en Lituania, aún se mantienen las disposiciones constitucionales que prohíben a colectivos particulares el ejercicio de sus derechos fundamentales (participar en las elecciones). 

El Comité de la CRPD ha resaltado en su jurisprudencia que el derecho a la capacidad legal es un derecho transversal que está relacionado estrechamente con otros derechos consagrados en la CRPD: a dar y retirar el consentimiento informado a un tratamiento médico, a acceder a la justicia, a votar, a contraer matrimonio, al trabajo, y a elegir el lugar de residencia.

El Código Civil requiere la capacidad plena para tener derecho a casarse y a criar a las hijas e hijos. Hay casos de incapacitación y/o restricción de la capacidad en los ámbitos específicos de la vida familiar.

Según datos del Notario de las Personas Declaradas Incapaces o con Capacidad Limitada, en el año 2018 había un total de 8.924 personas incapacitadas, de las que 4.526 eran mujeres (50,7%).

No hay una gran diferencia entre hombres y mujeres incapacitados, aunque hay una gran tendencia a que las McD sean incapacitadas legalmente al envejecer. 

Existen muy pocos datos sobre esta situación, por lo que hace falta un análisis en profundidad acerca de la violación de los derechos sexuales, reproductivos y a la maternidad de las mujeres con discapacidad. La sociedad (incluidas las personas con cargos políticos, funcionariados y así como personas cuidadoras) carece de conocimiento y sensibilización. La falta de conocimiento, una percepción basada en estereotipos y la ausencia de un sistema de servicios especializados son las principales lagunas que deben abordarse.

Los programas con perspectiva de género deberían incluir los aspectos de la discapacidad; las estrategias y programas con perspectiva de discapacidad también deberían abarcar las cuestiones de género. Esta ‘sinergia’ contribuirá a una mayor conciencia sobre el género, la discapacidad y la integración, necesaria para aumentar la participación de las mujeres con discapacidda en los procesos comunitarios y nacionales de toma de decisiones. 

Es necesario investigar sobre el alcance del problema y analizar las mejores prácticas. La recopilación cualitativa y cuantitativa de datos es necesaria para planificar políticas basadas en la evidencia y orientadas a las necesidades y para concienciar. 

El Gobierno debería asegurar el acceso a la justicia, a la asistencia profesional, a la reparación psicológica y económica de las víctimas de delitos, incluido el acceso a mecanismos específicos de apoyo dirigidos a las mujeres con discapacidad. También se deberían tener en cuenta medidas preventivas para disminuir la vulnerabilidad potencial de las mujeres con discapacidad.

Es necesario formar a las y los profesionales relevantes (especialistas en medicina, en trabajo social, policías, miembros de la judicatura, personas empleadoras y representantes de los servicios de empleo, etc.) y a las personas cuidadoras.

Las ONG de la discapacidad y las propias mujeres con discapacidad deberían ser consultadas e implicadas a la hora de elaborar programas educativos, proporcionar entrenamiento a las y los profesionales y desarrollar nuevos servicios para las mujeres con Discapacidad. 

El LNF es miembro del Foro Europeo de la Discapacidad y coopera estrechamente con el EDF, siguiendo sus prioridades estratégicas y su política de discapacidad. En los últimos años, el trabajo del LNF se ha centrado principalmente en la aplicación de la CRPD y se rige por el principio fundamental de la CRPD "Nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad".