Debate interactivo anual sobre los derechos de las personas con discapacidad en su sede de Ginebra

• Compartir experiencias, lecciones aprendidas y buenas prácticas en la implementación del artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) sobre el acceso a la justicia. Se examinaron dos niveles de implementación:

- Desarrollo de normas internacionales y leyes y políticas nacionales para la realización de la igualdad sustantiva para las personas con discapacidad y las prácticas y experiencias a nivel nacional.

• Discutir las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el disfrute de sus derechos humanos para participar activamente como partes y como agentes de justicia, en todas las etapas de los procesos judiciales y cuasi-judiciales.

• Proponer estrategias para mejorar los estándares internacionales y su implementación efectiva a nivel nacional y alinear las acciones emprendidas bajo el derecho internacional para mejorar los estándares nacionales.

• Discutir el rol de la cooperación internacional para garantizar la implementación del enfoque de la discapacidad basado en los derechos humanos en el acceso a la justicia.

• Analizar la importancia de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, particularmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 que apunta a promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y construir instituciones efectivas, responsables e inclusivas en todos los niveles, para las personas con discapacidades.

El debate fue presidido por Evan P. García, Vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos. La Declaración de apertura corrió a cargo de Kate Gilmore, Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El panel estuvo integrado por María Soledad Cisternas, Enviada Especial del Secretario General sobre Discapacidad y Accesibilidad, Catalina Devandas Aguilar, Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, Theresia Degener, Presidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Oumarou Siddo Nouhou, representante del Foro Africano de Discapacidad y Alianza Internacional de Discapacidad y Ana Peláez Narváez, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres y vicepresidenta del Foro Europeo de la Discapacidad.

En su intervención Ana Peláez señaló que las mujeres con discapacidad pueden vivir en estados donde la legislación proclama que todas las personas son iguales ante la ley, sin embargo, el acceso a la justicia continúa siendo negado a millones de mujeres con discapacidad en todo el mundo. Sigue existiendo una total falta de accesibilidad en todas las etapas de denuncia y abordaje legal en los casos de violencia y discriminación ya además una falta de conciencia entre muchas mujeres con discapacidad de que son titulares de derechos.

Miles de mujeres con discapacidad se encuentran actualmente legalmente incapacitadas y no pueden acceder a la justicia cuando se violan sus derechos. Peláez Narváez hizo un llamamiento para la erradicación completa de los procedimientos de modificación de la capacidad legal y pidió la adopción de un sistema de una toma de decisiones efectiva y respaldada. Los Estados deben reconocer públicamente las violaciones de los derechos humanos a las que han estado sometidas miles de niñas y mujeres con discapacidad mediante la esterilización no consentida en el pasado y el presente, y deben adoptar medidas de reparación.

Durante el debate se identificaron buenas prácticas y estándares en la promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad para participar de manera efectiva en los procesos judiciales y administrativos con el apoyo necesario para disfrutar el derecho de acceso a la justicia. 

Además, el debate brindó la oportunidad de destacar la importancia de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, para la alcanzar la vigencia de los derechos humanos de las personas con discapacidad y mejorar la gobernanza. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos preparó un resumen informal del debate interactivo, que se publicará en el sitio web del Alto Comisionado.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el primer instrumento internacional de derechos humanos que consagra un derecho explícito de acceso a la justicia. Exige la eliminación de los obstáculos y las barreras que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a la justicia en pie de igualdad con las demás, e innova sobre las normas previas desarrolladas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

La Convención no solo aclara qué significa para las personas con discapacidad el acceso a la justicia, sino que también defiende la participación igual y efectiva en todas las etapas y en cada rol dentro del sistema de justicia como un elemento central del derecho de acceso a la justicia. De este modo, la Convención amplía este derecho más allá de las nociones de un juicio justo y recursos efectivos que han sido las principales características presentadas por los instrumentos de derechos humanos y sus órganos de supervisión.

El artículo 13 de la Convención subraya el hecho de que el acceso a la justicia para las personas con discapacidad implica no solo la eliminación de obstáculos para garantizar el acceso a procedimientos legales para buscar y obtener los recursos adecuados en igualdad de condiciones con los demás, sino también la promoción de la participación activa y la participación de personas con discapacidad en la administración de justicia.

Hay que tener presente que el objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible hace un llamamiento para promover el estado de derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todas las personas. Los Estados Miembros tienen una oportunidad única de aplicar el artículo 13 de la Convención como parte de su estrategia para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. Para "no dejar a nadie atrás", los Estados Miembros se comprometen con los principios de igualdad y no discriminación, incluidas las personas con discapacidad, como una característica transversal de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para cumplir con la Convención, los Estados, en consulta con las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas, deberían: 

1. reconocer la administración de justicia como parte integral de la gobernanza en la que la participación de las personas con discapacidad es clave para promoviendo la ciudadanía; 

2. modificar las leyes civiles, penales y procesales que impiden que las personas con discapacidad participen directa o indirectamente en los procesos judiciales o administrativos en igualdad de condiciones con los demás; 

3. implementar leyes y políticas que aseguren que la información necesaria para reclamar derechos sea accesible, y que se brinde asistencia jurídica gratuita y asequible a las personas con discapacidades en todas las áreas de la ley; 

4. proporcionar adaptaciones de procedimiento cuando sea necesario, en todas sus formas y en todos los procedimientos legales; 

5. garantizar que las personas con discapacidad puedan buscar y obtener recursos efectivos adaptados a sus situaciones específicas; 

6. recopilar y analizar datos desglosados sobre violaciones de los derechos humanos de las personas con discapacidad y sobre cómo el sistema de justicia está brindando acceso a un juicio justo y a recursos efectivos, entre otros.