Catalina Devandas. Relatora Especial para los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad

Yo soy una persona con discapacidad, tengo espina bífida. Empecé a participar desde el movimiento estudiantil en mi país, Costa Rica, y desde el de mujeres. Un amigo líder del movimiento de personas con discapacidad me invitó un día a ir a una reunión de personas con discapacidad. Yo hasta entonces era bastante ajena al tema, había trabajado conceptualmente algunas cuestiones en mi tesis de graduación de derecho, pero no me había involucrado demasiado. Había realizado algunos focus group con mujeres con discapacidad, pero desde la perspectiva de la lucha por los derechos de las mujeres. Así que fue precisamente en esa reunión cuando me di cuenta de que realmente tenía delante de mí un discurso transformador. Se trataba de la primera organización costarricense que estaba trabajando  derechos humanos y discapacidad y entonces sentí que ese era mi sitio. Comencé con un trabajo local primero, luego a nivel latinoamericano involucrada en las organizaciones regionales de personas con discapacidad. También trabajé con el Banco Mundial para la región latinoamericana y de ahí di un salto al trabajo internacional cuando empezaron las negociaciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratando de llevar la visibilidad de las personas con discapacidad en el sur. Ya luego en la negociación, me involucré más directamente con el trabajo de apoyo a las organizaciones, concretamente en el tema del fortalecimiento y la creación de capacidades de las organizaciones de personas con discapacidad en los países en desarrollo, primero con un énfasis en Latinoamérica y luego con un énfasis más internacional.

B.G. En 2014 fue nombrada Relatora especial para los derechos humanos de las personas con discapacidad por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ¿en qué consiste exactamente su labor y cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta en este puesto?

Existe el Consejo de Derechos Humanos y este Consejo tiene varios órganos, como por ejemplo los Comités de los Tratados, también existen los denominados Procedimientos Especiales donde personas expertas individuales e independientes   están encargadas de monitorear la implementación de los derechos. El Consejo de Derechos Humanos creó este mandato en 2014 aumentando así la visibilidad de las personas con discapacidad. El hecho de contar con una Relatoría sobre discapacidad tiene la ventaja de que sus recomendaciones tienen mucho prestigio, puede hacer visitas a los países para conocer el grado de cumplimiento con la Convención y luego elaborar recomendaciones concretas con la idea de ayudar a los Estados a avanzar en esta cuestión. No se trata de señalar qué se está haciendo mal, sino de realizar aportaciones para mejorar la situación. 

¿Cuál es el papel de la sociedad civil organizada en un entramado tan complejo como el de Naciones Unidas y cómo pueden hacer oír su voz, por ejemplo, ante la Relatora especial?

El papel de la sociedad civil es fundamental. Hay que tener en cuenta que fue la participación de la sociedad civil la que nos llevó a conseguir una Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Convención que ya ha alcanzado un amplio número de ratificaciones. También se ha conseguido establecer un Comité y todo esto ha sido fruto de la lucha de la sociedad civil. El trabajo que se hizo durante la negociación de la Convención y el trabajo que se ha seguido haciendo posteriormente desde las ONG ha sido y es fundamental. Pero a veces el sistema internacional es muy ajeno a la ciudadanía y se desconoce que a nivel nacional hay muchas opciones para involucrarse, por ejemplo redactando informes sobre la situación de las personas con discapacidad que puedan ser compartidos con el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También pueden remitirse informes a otros Comités, ya que es importante no abordar estas cuestiones de una manera aislada. Así por ejemplo, se puede enviar un informe alternativo al Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o al Comité de los Derechos del Niño, entre otros.  Además el Consejo de Derechos Humanos realiza un Examen Periódico Universal donde las organizaciones puede enviar aportes y a mí también se me puede hacer llegar información sobre situaciones que requieran atención urgente, violaciones de derechos humanos. Pero hay que ser conscientes de que la movilización y el cambio de paradigma, así como el reconocimiento de los derechos solo se conseguirá cuando las personas con discapacidad se involucren activamente en el trabajo en sus comunidades, en sus localidades, desde la parroquia, desde la escuela local... Es necesario promover la sensibilización para llegar a elaborar una política nacional de reconocimiento de derechos. Hay países como España, que cuenta con un sistema articulado de ONG que representan a la discapacidad lo que facilita la incidencia en la adopción de una política nacional, así como en su implementación, abriendo la participación de estas organizaciones, pero no es así en todos los países.

La Convención hace referencia directa a la discriminación que sufren las mujeres y niñas con discapacidad. Esto supone analizar desde el enfoque de género la realidad de este sector de la población y abordar las situaciones de desigualdad que también existen entre hombres y mujeres. Lo mismo ocurre con personas con discapacidad pertenecientes a minorías étnicas o con orientación no heterosexual, entre otras muchas situaciones ¿Es posible manejar estas realidades concretas en un sistema de protección de derechos humanos que parece estar muy sectorializado? 

El tema de género concretamente está permeando todo el sistema de Naciones Unidas. Esto implica que cualquier actividad que yo realice como Relatora debe incluir la perspectiva de género. Por eso es tan importante que existan organizaciones específicas como CERMI MUJERES.  Al igual que existe este enfoque de género, es preciso que exista un enfoque sobre la discapacidad. Precisamente estoy muy interesada en apoyar un proceso de transversalización de los derechos de las personas con discapacidad en todo el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, junto con el Comité y con los diferentes actores involucrados. Hay que trabajar con el Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, con el del los Derechos del Niño, con el Comité sobre la Tortura, con el Comité de Derechos Económicos y Sociales, etc., con el fin de que estos Comités empiecen a tener presente los derechos de las personas con discapacidad. Conectado con esto, en este mandato quiero además trabajar con las otras Relatorías Especiales, sobre cuestiones como educación o el derecho a la salud, para que en sus informes incluyan la petición, por ejemplo, de atender a una determinada organización de personas con discapacidad cuando visitan un país. El trabajo con la Relatoría sobre pueblos indígenas es muy importante porque sin duda también nos interesa conocer cuál es la situación de las personas con discapacidad indígenas. Para realizar esta tarea es imposible que una sola persona, yo o cualquier otra, pueda tener los conocimientos necesarios sobre todas esas áreas. Sin embargo sí puedo tener la perspectiva de los derechos de las personas con discapacidad para que ésta sea incorporada en el trabajo que están realizando y sea considerada de una manera adecuada. 

B.G. La crisis económica y las medidas de ajuste estructural adoptadas en los últimos años en países como España han supuesto un importante retroceso en las políticas sociales que afectan a sectores muy concretos, como por ejemplo a las personas con discapacidad. Como Relatora ¿qué opina de este paulatino desmantelamiento del Estado del bienestar? 

Es una tendencia muy grave, efectivamente una de las cosas que estamos discutiendo es trabajar en un informe sobre protección social y personas con discapacidad, haciendo hincapié en la necesidad de que haya un sistema que cubra las necesidades básicas y que sea inclusivo para las personas con discapacidad. El reconocimiento de los derechos de protección social en Europa ha sido muy fuerte y desarrollar una política que está disminuyendo la inversión en la protección de las personas con discapacidad es preocupante porque no reconoce derechos que están claramente consagrados en la Convención, específicamente en el artículo 28 sobre el Nivel de vida adecuado y protección social. También algunos modelos de protección social han de ser revisados, ya que en ocasiones han terminado siendo más excluyentes que incluyentes para las personas con discapacidad. Por ejemplo, sistemas de pensiones que apartan a las personas con discapacidad del mercado laboral en vez de fomentar su participación. Hay que reconocer que para conseguir la inmersión en el mercado laboral de las personas con discapacidad puede haber costos asociados a la discapacidad que deben ser asumidos. Esta revisión de los sistemas de protección social, claro está, no pasa por reducir la inversión y los recursos, sino en repensar cómo se van a destinar dichos recursos para que verdaderamente las personas con discapacidad sea vean beneficiadas, porque al final si se reconocen cuáles son los costes adicionales va a haber muchas personas con discapacidad productivas, capaces de cubrir sus propios gastos por lo que resulta absurdo que los Estados quieran retroceder en la política que promueva este tipo de participación.

Finalmente ¿podría señalar algún objetivo concreto que le gustaría que se alcanzase durante su mandato?

En mi trabajo yo me he marcado tres áreas prioritarias. Una es la reducción de la pobreza de las personas con discapacidad y cómo avanzar en los esquemas de protección social para promover vida independiente y la participación en la comunidad de las personas con discapacidad. Me gustaría tener un liderazgo que generara al menos el interés de los Estados en esta materia. Me interesa mucho también el tema de la participación ciudadana de las personas con discapacidad. Es necesario que se reconozca que hay una tendencia mundial a no considerar a las personas con discapacidad como ciudadanos, con capacidad jurídica. Esto se relaciona con los problemas de institucionalización, con la falta de participación política, con la negación de los derechos civiles y políticos, independientemente de la discapacidad que tenga. Otra área prioritaria de trabajo es la generación de conciencia sobre el cambio de paradigma, saber cuál es el impacto que la Convención está teniendo y si realmente nos estamos moviendo hacia un modelo social y de derechos humanos. Un mensaje fundamental es que las personas con discapacidad necesitamos apropiarnos de un discurso del orgullo, tenemos que entender que somos parte de la diversidad humana y rescatar el aporte que podemos dar. Para mi construir sobre esa noción de la aceptación de la diversidad humana es fundamental. Todavía tenemos que analizar cómo hay campañas, como por ejemplo las del teletón, que son muy nocivas para la imagen y la autoestima de las personas con discapacidad. Y no solo eso, todavía tanto a los Estados como a muchas personas con discapacidad, porque ésta es una responsabilidad compartida, les hace falta entender que tener una discapacidad no es más que ser parte de esa diversidad humana.