8 de marzo de 2021 - Día Internacional de la Mujer
‘Nosotras también somos mujeres’
Desde que hace más de dos décadas comenzáramos a organizarnos, las mujeres con discapacidad nos hemos visto obligadas de manera recurrente a reivindicar cada 8 de marzo algo obvio, pero sistemáticamente olvidado: que nosotras también somos mujeres. Somos más de dos millones y medio en nuestro país y seiscientos millones en todo el mundo y, sin embargo, hemos estado por décadas ocultas tras la expresión ‘personas con discapacidad’, circunloquio que falsamente parecía abarcarlo todo, agotarlo todo, pero que en última instancia ha invisibilizado nuestra lucha.
Durante mucho tiempo, además, hemos estado apartadas de la agenda feminista, porque, al parecer, nuestras reivindicaciones difícilmente tenían encaje en unas demandas demasiado homogéneas y monolíticas, como para verse permeadas por otras consideradas ajenas al propio feminismo.
En tierra de nadie nos hemos organizado, hemos ido conquistando espacios a uno y otro lado y hemos dado a conocer la realidad de millones de mujeres discriminadas por una sociedad machista, pero también, y no lo podemos olvidar, capacitista.
Nadie como nosotras sabe lo revolucionario -y necesario- que es reivindicarse como mujeres en una lucha cuyo anhelo final es, precisamente, que esa reivindicación algún día deje de ser relevante.
Por ello, en estos años hemos venido exigiendo que toda política pública centrada en la igualdad de las mujeres por razón de género tome en cuenta otras variables como, por ejemplo, la discapacidad. En la misma línea, y siguiendo un enfoque de doble vía, todas las políticas enfocadas en los derechos de las personas con discapacidad deben incluir de manera trasversal el enfoque de las mujeres por razón de género.
Los referentes que sustentan nuestras demandas son la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, donde se reconocen las aspiraciones de las mujeres del mundo entero y donde se toma nota de nuestra diversidad y de nuestras diferentes funciones y circunstancias, respetando y valorando la plena diversidad de las situaciones y condiciones en que nos encontramos y reconociendo que algunas de nosotras, además, enfrentamos barreras específicas que obstaculizan nuestra participación plena y en pie de igualdad en la sociedad.
Asimismo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y más concretamente el ODS 5, enfocado en lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas de manera específica y de forma transversal en otros objetivos, debe interpretarse tomando en cuenta la situación de los grupos sometidos a discriminación múltiple, muchas veces ocultos hasta ahora, como el de las mujeres y niñas con discapacidad.
Por su parte, los mandatos contenidos en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, deben ser aplicados e interpretados a la luz de la diversidad que nos caracteriza como mujeres.
Por todo ello, hoy, 8 de marzo, las mujeres con discapacidad EXIGIMOS:
Que se garantice la equidad en el acceso a los servicios de salud, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva, a las mujeres y niñas con discapacidad, sin olvidar a las supervivientes de violencia y que, en momentos de crisis, como la que ha generado la Covid-19, los servicios de salud no dejen de prestar atención a las mujeres y niñas con discapacidad vulnerando su derecho a una atención sanitaria digna.
Que se pongan en marcha todas las medidas contenidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, garantizando su adecuada dotación presupuestaria en todo lo relativo a la sensibilización; mejora de la respuesta institucional incorporando el diseño y la accesibilidad universal a los servicios de denuncia, asistencia y apoyo a las mujeres y niñas víctimas de violencia;; perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección que se ofrece a las mujeres víctimas de la violencia de género y a sus hijos e hijas; intensificación de la asistencia y protección de menores; impulso de la formación para garantizar la mejor respuesta asistencial; mejora del conocimiento como complemento indispensable para contribuir de forma eficaz a la lucha contra todos los tipos de violencia contra las mujeres incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio de Estambul, aportando datos más fiables, completos y detallados sobre sus formas, incidencia, causas y consecuencias, visualización y atención de las formas de violencia contra la mujer fuera del contexto de pareja o ex pareja…
Que se diseñen y apliquen políticas públicas de empleo que tengan presente la igualdad de las mujeres por razón de género y la discapacidad en un enfoque de doble vía. Todas las políticas y programas de fomento del empleo y la formación profesional comunitarias deben tomar en consideración la situación específica de las mujeres con discapacidad, así como su discriminación múltiple como consecuencia de la interseccionalidad de otros factores, como la edad, la orientación sexual, la ruralidad, la inmigración, las minorías étnicas, el ser víctima de violencia de género, estar en riesgo de pobreza...
Que se visibilicen y contabilicen todas las contribuciones no monetizadas que nosotras, las mujeres de este sector de la población llevamos a cabo en el ámbito de la reproducción de la vida y que son esenciales para que el sistema económico, tal cual está concebido en la actualidad, siga funcionando. La riqueza de un país no solamente se produce en el ‘mercado’ sino que también existen otras esferas de generación de servicios tradicionalmente ignoradas cuya responsabilidad sigue recayendo en nosotras, las mujeres.
Que se pongan en marcha políticas de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia, que, en el marco de una política de cuidados concebida desde un enfoque de derechos humanos, tenga en cuenta la realidad de las mujeres con discapacidad, no solamente como receptoras de cuidado, sino también como proveedoras del mismo, hecho éste que suele ignorarse de manera sistemática.
Que, una vez erradicada la esterilización forzada de nuestro ordenamiento jurídico, el Gobierno de España reconozca públicamente las violaciones de derechos humanos que han sufrido en nuestro país miles de niñas y mujeres con discapacidad esterilizadas sin su consentimiento en el pasado y en el presente y apruebe medidas para resarcir el daño ocasionado por estas prácticas contrarias a los derechos humanos.
Que se impulsen alianzas entre las mujeres que nos permitan detectar y frenar cualquier forma de opresión que nos afecte, siendo conscientes de que el patriarcado es dúctil y sus mecanismos de control se adaptan en función del grupo oprimido. Ninguna mujer debe quedar atrás.
Porque... ¡Nosotras también somos mujeres!
8 de marzo de 2021
FUNDACIÓN CERMI MUJERES